El marco jurídico nacional vigente en el ámbito energético se encuentra plagado de vacíos, siendo la industria eléctrica un ejemplo de esta problemática. Según las afirmaciones del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, esta situación ha generado obstáculos significativos en la ejecución de proyectos.
Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, el director explicó que los desafíos que enfrenta el país en cuanto a abastecimiento, eficiencia, desarrollo de proyectos y acceso a la electricidad están estrechamente vinculados a la falta de claridad en las leyes secundarias relacionadas con la energía.
Estas normativas diseñadas sin un principio constitucional definido han dado lugar a una estructura carente de una planificación adecuada, y sus vacíos han hecho una estructura sin orden.
No se define cuál es el objetivo de la planeación y el control y, por lo tanto, el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del vacío de las leyes secundarias
dijo Manuel Bartlett.
Para abordar esta situación, recordó que se presentó una propuesta de reforma constitucional por parte del presidente López Obrador, que se centra en modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
A pesar del debate sobre si estas modificaciones otorgarían mayor poder a la CFE o consolidarían su posición como un monopolio, el objetivo principal, según Bartlett, es establecer disposiciones que aclaren de manera inequívoca quién tiene la responsabilidad de la planificación y el control del sistema eléctrico nacional, enfatizando que esta responsabilidad recae exclusivamente en el Estado mexicano.
En resumen, la propuesta de reforma constitucional busca que el Estado tenga un papel central en la planificación y control del sistema eléctrico nacional, erradicando las lagunas legales.
Los beneficios para el sector eléctrico con la reforma, según Manuel Bartlett
De acuerdo con Manuel Bartlett, con esta iniciativa de reforma no solamente se podría mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de abastecimiento eléctrico para el país, también se garantizará que la electricidad sea tomada como un derecho.
La electricidad no debe considerarse como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental
recalcó.
La importancia de esto es que se evita un aumento en los precios que el consumidor no puede pagar y se generan más funciones para garantizar el acceso equitativo a la electricidad para toda la población.
Manuel Bartlett señaló que las dependencias excesivas de fuentes energéticas externas o privadas exponen a las naciones a vulnerabilidades en los precios internacionales, lo que resalta la importancia de fortalecer las capacidades del Estado mexicano en este ámbito.
El director de CFE también criticó la influencia de “ideas neoliberales” en la definición de las políticas energéticas, argumentando que han llevado a una privatización indiscriminada y a la creación de monopolios en el sector eléctrico, en donde el sector extranjero tiene mayor participación e incide en los costos.
En este sentido, propuso eliminar la obligación de que las empresas públicas sigan un modelo de negocio basado en criterios neoliberales, y enfocarse en garantizar la soberanía nacional energética y la justicia social en la prestación del servicio eléctrico.
No son monopolios de Estado sino empresas de servicio público nacional. Estas palabras regulan esta importante reforma, que son: soberanía nacional, soberanía energética y justicia social, electricidad para todos al menor precio posible
dijo Manuel Bartlett.
El funcionario hizo referencia a un discurso del expresidente Adolfo López Mateos, quien destacó la importancia de mantener el control nacional sobre los recursos energéticos.
La visión de López Mateos “sigue siendo relevante en la actualidad”, ya que resalta la importancia de evitar la entrega de la soberanía energética a intereses extranjeros.
¿Qué implican los cambios propuestos en la reforma ecléctica?
De acuerdo con el Instituto Mexicano a la Competitividad (IMCO), que se busquen cambiar los artículos 25 y 27 de la Constitución cancela las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica.
Las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Además, el cambio principal es con la CFE, ya que actualmente opera con el fin de que sea rentable para el Estado mexicano como su propietario; al menos en el marco teórico, implica la creación de valor económico.
Con la nueva propuesta de AMLO, detalla el instituto, se busca transformarla en una empresa pública sin fines de lucro, se pretende quitar el nombre de empresa productiva del estado.
Esto abre la puerta a que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública, asegura el IMCO.
Además, pierde el propósito fundamental que una empresa estatal genere utilidades y, en cambio, se espera que continúe operando a pesar de registrar pérdidas.
El analista energético, Ramses Pech, coincidió y dijo que esto abre la puerta a la expropiación de cualquier inversión privada que la CFE considere necesaria.
El problema subyace en que la electricidad se convierte en un interés público constante, siendo la CFE el garante, lo que generaría una gran incertidumbre y, sobre todo, la falta de claridad en las reglas del juego.
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