Faltan 13 días para que se venza el plazo para que Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste entreguen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) los planes de personal, transferencia de recursos y elementos de red e infraestructura para avanzar en la separación funcional.
Al formar parte del agente económico preponderante, estas empresas están obligadas, cada una, a crear una nueva que ofrezca servicios mayoristas, es decir, solamente a operadores, denominadas Telmex Última Milla (UMT) y Telnor Última Milla (UMNOR).
Estas empresas regularán la estructura y funcionamiento de sus órganos de decisión, administración y gobierno corporativo durante el periodo de transición.
Sin embargo, la negativa de los telefonistas por entregar la lista de trabajadores del sindicato que deben migrar a UMT y UMNOR ‘han puesto el freno’ para llevar a cabo la separación ordenada por el IFT, un asunto en el cual el presidente López Obrador busca intervenir.
Durante la conferencia mañanera del pasado 5 de septiembre, el primer mandatario adelantó que su gobierno sería mediador entre la empresa, el órgano regulador y los telefonistas, luego de una protesta por parte de los telefonistas realizada afuera de Palacio Nacional.
De acuerdo con el calendario establecido por la autoridad reguladora, a más tardar el 31 de enero de 2020 tanto UMT como UMNOR deberán concluir la transferencia de personal, cambios que no afectan la operación diaria de Telmex y Telnor ni tampoco la provisión de los servicios mayoristas que prestan a diversos concesionarios.
Aunque el 30 de septiembre se vence el plazo establecido por el IFT, aún se desconoce cómo mediará el gobierno en este asunto, sobre el que tanto Telmex como el IFT declinaron hacer comentarios a EL CEO.
La semana pasada Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) envió a las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes y del Trabajo las solicitudes para que el gobierno medie respecto a la separación funcional.
Alguna de ellas tendrá que convocarnos para negociar en los términos que dijo el presidente: sin afectar los derechos de los trabajadores y sin poner en riego la estabilidad de la empresa
aseguró en días pasados el líder sindical.
En ese sentido, Hernández Juárez dijo que el sindicato espera que, tal como está planteada la separación funcional, las dos empresas mayoristas “estarían condenadas a quebrar”.
Asimismo, el líder de los telefonistas recalcó que la imposibilidad de Telmex de ser convergente requiere modificar su título de concesión, pues de lo contrario se afectará la oferta de servicios minoristas.
La empresa controlada por Carlos Slim está obligada a presentar a más tardar el último día de este mes los requisitos establecidos por el Pleno del IFT a finales de marzo, sin embargo, hasta la fecha, el sindicato se ha negado a entregar la lista de trabajadores.
Es así como, en caso de que se venza el plazo y Telmex no cumpla con los requisitos, el órgano regulador podría determinar incumplimiento por parte de la empresa preponderante de telecomunicaciones.
A principios de septiembre, López Obrador aseguró que el papel del gobierno es de mediador del conflicto, por lo que abrió la puerta para escuchar a los trabajadores, así como atender los motivos de la empresa y escuchar al Instituto, a fin de buscar un acuerdo que no afecte a ninguna de las partes.
Hay manera de dialogar, las partes tienen que aceptar la intermediación del gobierno, si se formaliza sería mejor y se puede atender este asunto sin que se demerite el papel del IFT
dijo López Obrador en la conferencia del 5 de septiembre.
La separación funcional es resultado de la revisión bienal de 2017 sobre las medidas impuestas al preponderante América Móvil, en la cual el IFT determinó la pertinencia de separar la provisión de los servicios mayoristas asociados con la red local e infraestructura pasiva, a través de la creación de una nueva entidad.
Esto, con la finalidad de asegurarse que los operadores tengan acceso a insumos esenciales en los mismos términos y condiciones tal como lo ordena la Constitución.
Se espera que la segunda revisión bienal de los agentes económicos preponderantes se realice en el primer trimestre de 2020. Mientras tanto, los telefonistas prevén que esta misma semana sean convocados por alguna dependencia para conciliar, a contrarreloj, sobre la separación funcional.
