Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente el 3 de diciembre y se actualizó este miércoles.
El Senado debe realizar una consulta sobre la regulación del outsourcing o subcontratación a fin de escuchar a todos los involucrados, dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario declaró en su habitual conferencia matutina que el Ejecutivo no tiene una postura definida sobre el tema, luego de que una iniciativa fuera aprobada ayer en comisiones y más tarde frenada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, Ricardo Monreal.
Lo debe de resolver el Senado. Se tienen que poner de acuerdo, se tienen que escuchar a todos los involucrados, que se lleve a cabo una consulta (…) tanto del sector empresarial como de obrero y especialistas y ciudadanos (…),
manifestó López Obrador.
Afirmó que ya no hay línea del Ejecutivo al Poder Legislativo como ocurría antes y que confía en lo que decidan los senadores.
El martes Ricardo Monreal, también coordinador de Morena en el Senado, solicitó que la discusión del dictamen aprobado horas antes por comisiones unidas fuera pospuesta a fin de que la propuesta sea analizada con mayor profundidad en Parlamento Abierto.
Tras una larga sesión, el Pleno de la Cámara alta avaló la solicitud del senador.
Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, presidida por Napoleón Gómez Urrutia, y Estudios Legislativos Segunda habían aprobado más temprano una iniciativa que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación. Estaba previsto que la propuesta pasara al Pleno el próximo jueves.
Por la subcontratación de los trabajadores padecen, hay más de 6,000 empresas con 8 millones de trabajadores que sufren esta envestida de la subcontratación y que se evaden cerca de 21,406 millones de pesos de acuerdo al SAT
afirmó Blanca Piña, senadora de Morena.
El outsourcing no debería existir, perjudica a los trabajadores y les quita derechos.
Aprobamos en reunión de comisiones unidas una iniciativa en materia de subcontratacion.
Este es el primer paso para reivindicar los derechos laborales. pic.twitter.com/NMx23345Vj— Blanca Piña (@BlancaPinaG) December 3, 2019
El también morenista Germán Martínez había asegurado que a diferencia de lo que trascendió en cámaras y órganos empresariales, no se eliminaría la figura de la subcontratación, sino que se regularía.
“No es inconveniente, inadecuada o desproporcionada esta iniciativa. Lo que sí lo es, es la relación laboral que surge del outsourcing ilegal. Atacamos la subformalización del empleo y por supuesto que criminalizamos a quienes roban el fruto del trabajo de los empleados”, dijo.
El modelo de subcontratación formó parte de la reforma laboral impulsada durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.
IP ve riesgos a la economía si se aprueba
Tras la aprobación en comisiones, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó de preocupante, inadecuada y desproporcionada la iniciativa impulsada por Gómez Urrutia, pues afirmó que tendría graves consecuencias para la economía mexicana.
“Genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”, según un comunicado.
La cúpula empresarial pidió al Congreso establecer un diálogo con los empresarios para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, pero que no atenten contra la creación de empleo y la economía del país.
Desde su punto de vista, estos son los puntos negativos de la propuesta.
-Pone en riesgo la ratificación del T-MEC por la falta de respeto al Estado de Derecho.
-Genera incertidumbre y pone riesgo en la inversión nacional y extranjera, así como los empleos.
-Busca criminalizar las relaciones laborales al poner a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima.
-Tiene visos de inconstitucionalidad porque busca ser retroactiva, lo que es una aberración jurídica.
-Prácticamente elimina cualquier tipo de subcontratación, lo que traería consecuencias graves para la competitividad del país y eliminaría miles de empleo.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó que las modificaciones podrían inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.
