Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdieron en conjunto 703,369 millones de pesos (mdp) durante el primer semestre de 2020, pese a que recibieron una quinta parte de los recursos públicos totales para este año, de acuerdo con un estudio publicado este martes por México Evalúa.

La organización civil detalló que Pemex recibió 12% del gasto federal para el presente ciclo fiscal, pero la producción de crudo cayó a su nivel más bajo en 40 años, al reportar 1.6 millones de barriles diarios (mbd) procesados.

Esta cifra sitúa a la petrolera mexicana muy por debajo de firmas internacionales en cuestión de productividad.

El estudio indica que mientras que Pemex registra una producción de 15 mbd por cada trabajador, BP obtiene 44 mbd por cada empleado; Petrobras 48 mbd; Exxon 53 mdb; ENI 54 mbd; Shell 58 mbd; Ecopetrol 72 mbd; y Equinor 97 mbd.

Por otra parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó 8% de los recursos públicos de 2020 para la CFE, pero su productividad fue de 2,593 megavatios-hora (MWh) por cada empleado.

En comparación, Enel reportó 3,357 MWh por cada empleado; Electricite de France 3,387 MWh; Israel Electric Corporation 4,278 MWh; y KEPCO 11,564 MWh.

“En este año se han otorgado más de 20% del gasto público total y esto contrasta con el pobre desempeño que han tenido hasta ahorita (…) su productividad está muy por debajo de empresas que son su par”, dijo María Fernanda Ballesteros, coordinadora del estudio.

De acuerdo con la especialista, la principal causa de las pérdidas son las fallas en el gobierno de las empresas productivas del Estado, ente que ejerce funciones como propietario de la compañía, vigilante de la responsabilidad corporativa, y regulador.

El análisis de México Evalúa indica que al menos 17 entidades estatales tienen responsabilidad de mejorar la rendición de cuentas y las funciones del gobierno corporativo de Pemex y CFE.

Como propietarios de las firmas, el estudio identifica funciones del presidente de la República, el Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía (Sener).

Respecto a la vigilancia corporativa, identifica a la Sener de Rocío Nahle, las secretarías de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Función Pública, al Sistema Nacional Anticorrupción, la ASF, así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Por último, en los procesos de regulación intervienen la Sener, la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Control de Energía, las comisiones Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos, Nacional de Mejora Regulatoria y Federal de Competencia Económica, así como el Centro Nacional de Control del Gas Natural.

La tarea conjunta de estos organismos es generar un mayor valor de las empresas, para justificar la propiedad pública de las mismas.

Sin embargo, concluye el estudio, estos objetivos no se cumplen debido a un mal funcionamiento, actos de corrupción, falta de coordinación, y otras problemáticas repartidas entre los participantes.

“Los procesos, la toma de decisiones (…) dependen del buen gobierno de estas empresas (…) (influye) en el desempeño de la empresa y la atracción de la inversión para hacerlas financieramente viables”, concluyó María Fernanda Ballesteros.