A partir del supuesto de que las renegociaciones a los contratos de los gasoductos podrían no representar un ahorro real para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la posibilidad resalta una vez más la opacidad al interior de la compañía, lo que podría traerle problemas legales en un futuro a corto plazo.
Una de las cosas que se buscaba con la reforma energética era que tanto Pemex como CFE mejoraran, generaran valor y dejaran de ser una carga para el Estado. Lo que esta organización le permitió a CFE fue tomar las decisiones que consideran adecuadas para conseguir esta meta.
Durante la redacción de la normatividad de la reforma energética “se pecó un poco de ingenuidad” y se confió en que las cosas tomarían su lugar por sí solas, dijo un analista de la industria que pidió no ser identificado. La nueva administración, que no comparte la ideología de libre mercado, ha significado un retroceso en términos de la dirección que se pretendía originalmente.
“Ahora se están tomando decisiones que no benefician a la empresa, sino a grupos específicos. Se está sumido en un tema ideológico y hay una implementación bastante pobre”, dijo.
Víctor Ramírez, otro analista del sector, cree que la falta de una completa transparencia en los costos operativos de CFE permiten a la compañía seguir operando plantas poco eficientes, en vez de tener instalaciones que tendrían mayor sentido económico y un menor impacto ambiental.
“Dudo mucho que CFE esté cumpliendo con las normas ambientales, pero es algo que la misma autoridad no nos va a decir. La generación con combustóleo, por ejemplo, tiene costos adicionales como los procesos de precalentado que no sabemos si se están reflejando en los costos operativos”, advirtió.
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— CFEmx (@CFEmx) November 6, 2020
La falta de transparencia en la negociación de asuntos como los gasoductos, los contratos de compra de combustóleo a Pemex, y la compra de carbón “contravienen claramente los lineamientos de la propia empresa”. Los analistas coincidieron en que actualmente es sorprendente que la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no hayan actuado ante la situación de opacidad en CFE.
Santiago Arroyo, abogado experto en el sector, destacó que la transparencia era uno de los postulados principales de la reforma energética, y que la falta de acción de los reguladores del mercado ha facilitado que se desarrolle la opacidad actual.
“Los inversionistas confían en que los reguladores del mercado cambiario van a ayudarles a saber donde va su dinero. No contar con la información es un golpe duro a esta confianza porque abre la puerta a presumir la existencia de condiciones adversas”, explicó el abogado.
En el mercado internacional, la CFE se expone no sólo a sanciones, sino a una afectación en la confianza que también puede impactar la calificación soberana. Sin embargo, los analistas no creen que esta condición sea sostenible.
“No es una situación que vaya a perdurar porque CFE está obligada ante las autoridades a entregar información. Eventualmente alguien les va a observar y eso llevará a una auditoría. Eso es más inmediato, pero si la mala administración deriva en impactos sustanciales los mismos inversionistas van a ser los que exijan que se suelte la información”, señaló el analista que pidió mantenerse anónimo.
