El 2019 pinta como un año difícil para las empresas mineras. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la imposición de impuestos ecológicos a mineras en Zacatecas, lo que abre la puerta a que otros estados vean esta decisión como una ventana para recaudar más, coincidieron expertos consultados.
El 11 de febrero, el máximo tribunal validó la legalidad de los impuestos ecológicos, inscritos en la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas, en el que se propone un gravamen de 250 pesos por tonelada emitida de bióxido de carbono en el proceso de extracción de minerales.
La reciente ratificación abre la puerta para que ese y otros estados empiecen a cobrar más impuestos a las empresas del sector, incrementando así la carga fiscal e inyectando presión a sus operaciones, opinó José Antonio Berlanga, director ejecutivo de Telson Mining.
“Nosotros ya pagamos otros impuestos. Con el dinero de este nuevo, en teoría, se usaría para mejorar las condiciones del medio ambiente de la zona, cuando la realidad es que el gobierno lo utilizará para otros propósitos”, dijo Berlanga.
Sin duda, estos gravámenes ecológicos pueden replicarse en otros estados del país, no sólo en cuestiones mineras, también en otros sectores que tengan fuertes descargas de residuos en agua, atmósfera y tierra
Mariano Calderón, abogado socio del despacho Santamarina y Steta.
Pese a esto, Grupo México y Peñoles, que cotizan en el mercado de valores, lucen sin afectación.
“La recuperación en los precios de los metales como el oro, plata y cobre tienen un mayor peso positivo para las empresas que los temas nacionales o temores no concretados en el sector minero”, dijo Fernando Bolaños, analista en Grupo Financiero Monex.
Grupo México tiene una mina de tajo abierto productora de plata, cobre, plomo y zinc en San Martín, Zacatecas. Además, la empresa tiene un proyecto de mina subterránea de zinc, plomo, plata y cobre, ubicada en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas.
Por su parte, Peñoles cuenta con cuatro minas ubicadas en ese estado. Estas son Francisco I. Madero, Fresnillo, Saucito y Saucito II así como Noche Buena, de acuerdo a las páginas de las empresas.
Mariano Calderón, de Santamarina y Steta coincidió en que no hay certeza de que el gobierno local utilice lo recaudado para aminorar el impacto ambiental que tiene la industria en la región.
Concesiones también peligran
Al inicio de este mes, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, mencionó que cerca de 5,000 concesiones mineras podrían ser canceladas en caso de encontrar anomalías en su trámite.
Un mes antes, Morena se propuso modificar la Ley Minera para obligar a las empresas a desembolsar una mayor cantidad de recursos para el mejoramiento de las comunidades donde se hace la extracción de metales.
“Mientras que no haya un tema en el que se detenga la operación de las minas o que encarezca los costos de la misma, difícilmente va a haber alguna afectación para las empresas mineras”, dijo Bolaños.
Calderón añadió que, estas nuevas imposiciones podrían desincentivar la actividad minera en el país, por las grandes cargas fiscales que actualmente poseen las empresas.
