México perderá atractivo para los inversionistas del sector energético al menos hasta el verano del 2023, cuando logre acuerdos con Estados Unidos (EU) y Canadá sobre las políticas regulatorias que aplicará en el sector, advirtieron abogados especializados en la industria.
EU y Canadá solicitaron consultas de resolución con base al T-MEC por las políticas energéticas de México, al considerar que son inconsistentes y socavan a las empresas y producción de energía estadounidenses.
Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), aseguró que al menos hasta hasta el verano de 2023 podría haber una postura respecto a la controversia.
Por esa razón, hasta entonces, México se posiciona como un país sin atractivo para inversión, dijo el abogado especialista en entrevista con EL CEO.
Dado que es la primera vez que se abre un panel de esta naturaleza, esto resta totalmente a México la capacidad para atraer inversionistas de infraestructura que consoliden un mercado eléctrico, de combustibles y de energías renovables.
Si no hay certeza y seguridad jurídica en las reglas del juego, difícilmente van a invertir grandes cantidades de dinero en este país cuando hay otros lugares del mundo donde buscan inversión y dan otros beneficios para que decidan generar un proyecto energético
aseguró Díaz Ibarra.
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Sin regulación clara no avanza inversión
En su comunicado sobre el aviso de consultas de resolución, el gobierno de EU expuso que los cambios de política energética en México desincentivan la inversión de proveedores y empresas que buscan comprar energía limpia.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, señaló que si bien ha tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, acusó que las empresas estadounidenses siguen enfrentando “un trato injusto” por parte de México.
Al respecto, Aisha Calderón, abogada especializada en energía del despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, manifestó que hasta que no haya un clima en el que sea claro que la regulación se va a respetar, las inversiones van a seguir paradas.
“Los proyectos tendrán que esperar hasta que los recursos se resuelvan o hasta que haya un cambio en la política de esta administración o en la siguiente”, agregó Calderón.
Por separado Julia González, socia consultora del despacho de abogados González Calvillo, comentó que la convocatoria de EU para abrir las consultas “es una señal muy fuerte de inconformidad a las políticas del Estado mexicano”.
Precisó que, de acuerdo con el artículo 31.4.5 del T-MEC, las partes realizarán en un periodo de 30 días de consulta a petición de EU, a menos que las partes decidan otro plazo.
Si los países no resuelven los asuntos en un plazo máximo de 75 días a partir de la petición, EU activará los paneles de solución de controversias, ya que así lo establece el artículo 31.6.1 del mismo tratado.
EU podría imponer medidas de revancha
Aisha Calderón destacó que el gobierno de EU está dando un apoyo de mayor calibre a sus empresas y que, si no hay un acuerdo, puede imponer medidas retaliatorias (en venganza) en contra del gobierno mexicano en relación con exportaciones.
A su vez, expuso que la posición de EU marcará pauta para que los jueces resuelvan los amparos de las empresas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tuvo votos suficientes para declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
La convocatoria a las consultas es claramente una medida de EU para ejercer presión al gobierno de México por los cambios regulatorios que se han querido implementar como la eliminación de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s).
También, por restringir el despacho y operación de centrales eléctricas, tratar de subir las tarifas de transmisión para proyectos legados, y obligar a las empresas a que el gas natural lo compren en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Mexicanos (Pemex).
Llevamos 3 años con esta batalla y el sector privado ha interpuesto demandas de amparo y diversos recursos para defender sus derechos, porque estos actos se consideran violatorios de principios constitucionales en varias materias
, agregó Calderón.
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Entorpecen libre competencia
La abogada Diana Pineda, también socia de González Calvillo, explicó que en México las autoridades están ejecutando actos administrativos que entorpecen la libre competencia.
Se refirió a los amparos que ha generado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que se encuentra suspendida por órdenes de los jueces, y que la SCJN no pudo declarar inconstitucional por falta de votos.
En ese sentido, precisó que para que la LIE deje de estar suspendida y para que se pueda ejecutar la Ley de Hidrocarburos, se tienen que revocar todos los amparos que se han concedido con efectos generales.
