La asignación de José Manuel Madero Garza como miembro de la junta directiva de la multinacional Constellation Brands mandó un mensaje claro: asegurar la inversión de 1,500 millones de dólares para la construcción de su planta productora de cerveza en Mexicali.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara en contra de su edificación, al argumentar que mejor se llevara al sureste, donde “está el 70% del agua del país”.

La presencia en el estado de Baja California de la cervecera que maneja la marca Corona no es bien vista por los habitantes. Más de 18,000 personas firmaron un plebiscito para detener su levantamiento organizado por el Colectivo Plebiscito por la defensa del agua.

El colectivo presentó estas firmas y el plebiscito ante el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con el objetivo de someter el proyecto a consulta ciudadana, el cual fue rechazado por la autoridad en mayo.

Madero Garza es un personaje cercano a Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina presidencial, porque se desempeñaba hasta su nueva asignación como asesor honorario de esta dependencia gubernamental.

“José Manuel aporta su experiencia probada en la ejecución exitosa de operaciones de producción de artículos de consumo en todo México, al tiempo que trabaja eficazmente con los gobiernos locales y las comunidades para promover el desarrollo económico”, dijo la empresa en un comunicado.

Sin embargo, para Martha Elvia García, asesora jurídica del colectivo, estos movimientos mandan señales encontradas entre lo dicho por López Obrador y por la empresa dueña de la cerveza Corona.

La empresa está presionando e introduciendo a elementos claves que le puedan ayudar. Son presiones políticas y económicas, pero confiamos que el presidente esté resuelto en defender el agua y los recursos naturales

comentó Martha Elvia García, asesora jurídica del colectivo.

Por su parte, Constellation Brands compartió al EL CEO que el proyecto cuenta con todos los permisos y licencias necesarias para la etapa en la que se encuentra

“Existen estudios científicos independientes conducidos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef) que avalan la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto y validan que éste no supone riesgo alguno para la disponibilidad de agua”, compartió la trasnacional.

El último recurso del Colectivo Plebiscito

De acuerdo con García, aún se mantiene un último recurso, el de convocar una consulta popular para que se demuestre el rechazo social a la construcción de la factoría.

La demanda está en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de regular los temas que tienen que ver con los recursos naturales del país.

“Otra vía que estamos explorando es tener contacto con el nuevo gobernador del Estado, cuyas elecciones están próximas para su designación. Tenemos fe de que el nuevo gobernador esté dispuesto a escuchar nuestras demandas y vea por los habitantes de Baja California”, comentó la abogada.

En tanto, Constellation Brands mantiene su postura sobre la planta de cerveza que de acuerdo a la empresa es una de las más modernas, sustentables y altamente eficientes del mundo, con el uso de la más alta tecnología que garantizará un uso responsable, eficiente y respetuoso de los recursos naturales, principalmente del agua.

Línea del tiempo

-Enero de 2016, Constellation Brands anuncia inversión en Baja California por 1,500 millones de dólares.

-Octubre de 2018, Colectivo Plebiscito por la defensa del agua presentó ante el Consejo General Electoral (CGE) la solicitud de plebiscito estatal, con más de 18,000 firmas que lo apoyaban.

-Marzo de 2019, la CGE determinó la intrascendencia para la vida pública del estado y la declaró improcedente.

-Ese mismo mes, el tribunal electoral local revocó el dictamen.

-En abril, Constellation Brands a través de BC Tenedora Inmobiliaria, impugnó la decisión.

-El 16 de mayo la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó revocar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado debiendo prevalecer lo resuelto por el Consejo General del Instituto local.