El acuerdo entre el gobierno, las empresas y el sector obrero sobre la iniciativa de reforma en materia de subcontratación fue un estira y afloja que derivó en el pacto que será presentado ante el poder Legislativo para su discusión y su implementación.
Los puntos que la iniciativa privada aplaudió fue el respeto al esquema de servicios compartidos dentro de una estructura empresarial, los topes al reparto de utilidades de los trabajadores y el tiempo de tres meses dado para que las empresas realicen la transición al nuevo régimen.
No hubo algo que las empresas cedieran, se llegó al convencimiento de cuál era lo más práctico y positivo para llevar a una conclusión. Lo que preocupara era el tema de servicios compartidos, pero se logró que se respetara
dijo Octavio Carbajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social dentro de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Los servicios compartidos es el esquema en donde una empresa que cuenta con dos o más subsidiarias puede tener un centro de servicios como médicos, financieros u otros, que puedan utilizarse en todo el conglomerado sin necesidad de incorporarlo a la nómina de cada uno de los brazos de la compañía.
Otro de los puntos a los que se llegó a un consenso, fue un nuevo cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía (PTU), que quedó con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, dependiendo del que favorezca más a la persona.
“En la aplicación estricta que hoy tenemos, el trabajador tenía derecho a la repartición de esa PTU sin ningún tope, el truco estaba en pasar a los trabajadores a otra empresa para no dárselos. Ahora lo que se asume es que los patrones tienen un tope de entrega a la PTU, porque en algunos casos los montos entregados bajo este concepto representarían un año completo de sueldo”, comentó Rolando Silva, integrante de la comisión técnica de seguridad social del Consejo de Contadores Públicos de México.
En cuanto al tiempo de tres meses para que entre en vigor, las compañías tendrán este lapso después de que entre en vigor la reforma a la ley, para cambiar a los trabajadores de un esquema de contratación a otro.
La reforma consiste en prohibir a las empresas realizar actividades que le son propias con trabajadores contratados por un tercero (outsourcing), pero, si la empresa necesita un servicio especializado, en el que tenga eficiencias con otras personas ya sea físicas y morales, se podrá conservar este esquema, de acuerdo a lo dicho por Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin.
Además, el esquema de contratación interna (insourcing) usado cuando la propia firma crea otra empresa con el objetivo de administrar su nómina, queda eliminado.
Se espera que la reforma sea aprobada a más tardar el 1 de mayo, dentro del contexto de las elecciones federales intermedias. Por el momento, el sector privado debe esperar a que se presente el acuerdo ante el Poder Legislativo para que realmente se tome en cuenta y, ver si se le hacen modificaciones durante su discusión.
IP pide simplificar medidas
Los representantes de Concamin pidieron simplificar los procesos administrativos para implementar la nueva regulación.
En la medida en que se den facilidades o simplificaciones para implementar la nueva reforma, donde el Infonavit, el IMSS, el SAT nos den constancias de cumplimiento, yo creo que con eso podemos dar certidumbre y simplificar los cambios
dijo Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal de la Concamin.
Sobre el aumento en los costos de la empresa, añadió que el impacto se deberá medir de forma independiente a cada empresa.
En tanto, Manpower Group, una de las empleadoras más grandes con presencia en México, fijó su postura sobre el tema.
“El riesgo que aún vemos es que no a todos los empleados los van a contratar como empleados de base. En los análisis que hemos realizado, el 60% de los empleadores realizarían la contratación bajo esquemas sin seguridad social tales como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas, lo cual no elimina las malas prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores”, comentó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower Group.
Silva añadió que, ni en la actual iniciativa ni en el reciente acuerdo está estipulado que el patrón debe contratar al trabajador, por lo que da margen libre para que haga con él lo que quiera.
