La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) solicitó al Gobierno de México verificar si la planta textil de Industria del Interior (INISA), localizada en Aguascalientes, está negando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva a los trabajadores

De acuerdo con la titular de la USTR, Katherine Tai, esta solicitud en contra de la fabricante de prendas de mezclilla representa la primera queja de derechos laborales dentro del sector.

Sin embargo, ya se acumulan 10 quejas laborales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la industria de autopartes como la principal protagonista de las denuncias. 

La queja fue enviada al Comité Laboral Interagencial para el Monitoreo y Cumplimiento (ILC, por su sigla en inglés) el pasado 12 de mayo, con el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y el Sindicato de Industrias del Interior como remitentes. 

De acuerdo con los quejosos, INISA está coaccionando a los trabajadores para que acepten las revisiones del contrato colectivo de trabajo propuesta por la empresa e interviniendo en los asuntos internos del sindicato.

Asimismo, aseguraron que la empresa no está negociando de buena fe con la organización sindical.  

El ILC revisó la petición y encontró lo que llamó “evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos que permite la invocación de buena fe de los mecanismos de cumplimiento”, dijo la USTR.

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Queja contra empresa de autopartes

Por otra parte, la Secretaría de Economía (SE) comunicó a USTR la admisión de la solicitud recibida el pasado 31 de mayo relacionada a una supuesta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta Draxton México, ubicada en Irapuato, Guanajuato. 

Los señalamientos contra la empresa incluyen el despido de un dirigente sindical; injerencia patronal en las actividades sindicales; actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y vigilancia en contra de trabajadores en razón de su preferencia sindical. 

Además de la omisión por parte de la empresa de entregar a los empleados un ejemplar del contrato colectivo de trabajo tras su revisión en marzo de 2022. 

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Con información de Reuters