Casi 200 empleados de Uber (entre actuales y extrabajadores) demandaron a la compañía acusándola de perder una “apuesta arriesgada” que los dejó con una carga de millones de dólares en impuestos adicionales después de la salida a bolsa de la compañía en 2019, de acuerdo con un reporte del Financial Times.

La demanda, presentada ante el Tribunal Superior de California alega que Uber, de forma alevosa puso a los empleados en riesgo de elevar sus facturas fiscales si el precio de las acciones de Uber bajaba en los meses posteriores a su Oferta Pública Inicial (OPI), lo cual ocurrió.

Desde su debut en bolsa, en mayo de 2019, las acciones de Uber han caído 11% y actualmente cotizan en 32.80 dólares, según Investing.

Al respecto, Uber aseguró que las acusaciones por parte de la plantilla de empleados y exempleados “simplemente no tienen fundamento”, reveló el diario británico.

Las empresas de Silicon Valley suelen cortejar a los empleados con beneficios accionarios adicionales al salario que reciben.

Este escenario abría la posibilidad para decenas de empleados de Uber de ‘ganar en grande’ una vez que la empresa se hiciera pública, lo que a su vez permitiría cambiar el estatus de las acciones restringidas que tenían por acciones que pudieran venderse una vez transcurrido un lapso de bloqueo de seis meses.

Inicialmente, la demanda refiere que las acciones para los empleados se emitieron al final de ese periodo de bloqueo.

Sin embargo, el 6 de mayo de 2019, días antes de la exitosa salida a bolsa de Uber, el personal con acciones restringidas recibió un memorando de la compañía en el que se les anunciaba que la emisión de acciones “sería acelerada” hasta la fecha de la OPI.

El memorando detalla que el cambio se dió en el ánimo de generar un mejor interés tanto para los tenedores de las acciones restringidas como para la empresa, según el FT.

Lo anterior suponía que Uber fijaría la cantidad de impuestos que tenía que pagar en nombre de sus empleados, una medida favorable para los inversionistas pues eliminó un nivel de incertidumbre en el desempeño financiero futuro de Uber.

No obstante, para los empleados la medida se tradujo en que el impuesto sobre la renta que ellos mismos tendrían que pagar por las acciones se calcularía en función del precio de la OPI, y no en el del momento en que los empleados podrían vender sus acciones.

El principal argumento de la demanda es que la aceleración benefició a Uber al eliminar el riesgo de que el precio de las acciones pudiera subir durante los siguientes seis meses, pues la obligaba a registrar un gasto de compensación mayor y, en última instancia, publicar resultados financieros inferiores.

Pero la aceleración corría el riesgo de aumentar drásticamente, y finalmente, aumentó drásticamente la obligación tributaria de los demandantes,

acusan los trabajadores en su demanda.

Los 190 empleados y exempleados involucrados en la demanda reportaron una pérdida que ronda los ocho millones de dólares, quienes también acusan que la decisión de Uber de seguir adelante con la emisión de acciones no se tomó con el debido consentimiento de los trabajadores.

La demanda no es una demanda colectiva, explicó Ray Gallo, abogado de la plantilla de empleados, quien dijo que espera que Uber invoque una cláusula de arbitraje en los contratos de los empleados.

Si el precio de las acciones de Uber hubiera subido, los empleados se habrían beneficiado al tener que pagar impuestos sobre la cantidad más baja, una posibilidad mencionada en el memorando de la compañía enviado en mayo pasado.

El memorando enviado por Uber describe varias de las desventajas, además de que revela que los empleados se encontraban muy alentados a buscar orientación de asesores fiscales externos.