fbpx
Consultas al estilo NAIM preocupa a algunos empresarios mineros.

7 de febrero 2019 | 5:00 am

Primero fue el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ahora los proyectos mineros podrían probar los efectos de las consultas ciudadanas, un mecanismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador introdujo como herramienta para tomar decisiones de gobierno.

Actualmente, la Secretaría de Economía revisa alrededor de 5,000 concesiones mineras que podrían ser canceladas en caso de detectar anomalías, dijo este miércoles Francisco Quiroga, subsecretario de Minería.

Sin embargo, lejos de las potenciales cancelaciones, hay un factor que preocupa más a los empresarios mineros y son las consultas ciudadanas en comunidades mineras al estilo NAIM.

Lo que hablan de cancelar concesiones, se refiere más a concesiones que están ociosas, entonces eso no nos preocupa. Me preocupa más el tema de consulta de comunidades

dijo José Antonio Berlanga, CEO de Telson Resources.

Telson es una empresa minera que originalmente era de candiense, pero que desde 2016 es controlada por empresarios mexicanos.

Entrevistado durante el México Mining Forum 2019, un evento al que asistieron participantes del sector, el empresario dijo que la empresa es fuente de empleo en las comunidades cercanas a sus minas, que son Tahuehueto en Durango y Campo Morado en Guerrero, por lo que –según dijo– los proyectos cuentan con el aval de los habitantes. Pero las consultas podrían tener un efecto negativo.

“Las comunidades que viven de alrededor de las minas, te aseguro 99% va a votar a favor de la minería. El problema es que la consulta se puede hacer como las que se han hecho. En el Aeropuerto no consultaron a la comunidad donde estaba el nuevo aeropuerto ni donde quieren hacer el nuevo. Y van a consultar comunidades que no tienen interés. Son consultas que van a perjudicar a la gente que realmente tiene beneficio por la minería”, dijo.

El directivo dice que sus proyectos no tienen conflictos en comunidades, aunque la Red Mexicana de Afectados por la Minería dice que en México hay más de 15,000 conflictos sociales ligados a la industria minera.

En enero, la senadora Angélica García Arrieta, del partido de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Minera y obligar al gobierno a solicitar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones para la minería en sus territorios.

La propuesta de modificación a la Ley Minera también incluye obligar a los titulares de concesiones a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

“Yo creo que evaluar las concesiones y el contexto siempre es importante. No creo que lo que se esté pensando sea necesariamente algo que vaya a ahuyentar inversiones”, dijo Alfredo Phillips, director de asuntos corporativos de Torex Gold.

No obstante, coincidió en que “el tema de la consulta indígena es que hay que definir qué pueblos son indígenas y en dónde se tiene que hacer la consulta”.

Habrá inversión minera pese a la incertidumbre e inseguridad

Pese a la incertidumbre que podría inyectar un cambio en la regulación, el empresario de Telson dijo que seguirá invirtiendo por el potencial minero en el país.

En 2019, “en Tahuehueto estamos invirtiendo alrededor de 35 millones de dólares. Y en Campo Morado otros 30 millones para implementar mejoras. En total, 65 millones de dólares. Eso sin considerar posibles nuevas adquisiciones”, dijo.

El directivo también se mostró en favor de cambiar las reglas de distribución del llamado fondo minero, que es una bolsa que se conforma con aportaciones de las empresas y cuyos recursos idealmente deberían usarse para mejorar las comunidades donde las mineras operan. El problema es que no es así.

Ese fondo se conforma con una aportación del 7.5% sobre las utilidades de las mineras.

“Del fondo, el 20% se lo queda el gobierno federal, 40% el estado donde se encuentra la mina y el 40% restante el municipio. A la comunidad no le llega nada. El municipio lo usa donde le luzca más y el municipio también”, expuso.

Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, también dijo en el evento que la actual administración se asegurará de que los recursos de ese fondo minero lleguen a las comunidades de manera directa y sin intermediarios.

Sobre la inseguridad, el directivo de Telson dijo que en 2010 la empresa fue víctima de un robo, lo que le obligó a aumentar sus medidas e invertir alrededor de 2 millones de pesos mensuales en reforzar en seguridad.

Datos de la Cámara Minera de México exponen que la industria minera generó en 2017, las cifras más recientes, 371,000 empleos directos.