América Móvil dio por terminado el contrato para la compra del 99.3% de Telefónica Móviles El Salvador, tras las condiciones impuestas por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (SC) de El Salvador, informó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores.
La decisión se toma después de evaluar conjuntamente las condiciones impuestas para lograr la autorización regulatoria requerida en la resolución final emitida recientemente por la Superintendencia de Competencia de El Salvador,
indicó la firma.
La autoridad de competencia en El Salvador advirtió que la adquisición produciría limitaciones a la competencia en los mercados de telefonía móvil, fija y servicios de conectividad empresarial, según su, análisis técnico, jurídico y económico.
La compañía insignia de Carlos Slim, compró las operaciones de su rival Telefónica en El Salvador por un monto de 315 millones de dólares a través de su filial Claro, en enero de 2019. Adicionalmente, en el mismo movimiento, adquirió las operaciones en Guatemala por otros 333 millones de dólares.
Las firmas que pretendía adquirir el magnate mexicano prestan servicios de telecomunicaciones móviles y fijos, así como servicios de voz, datos y televisión de paga.
La transacción en Guatemala fue aprobada de manera inmediata, pero en agosto, América Móvil anunció que estaba analizando la resolución impuesta por el órgano del país centroamericano.
Las condiciones
Entre las condiciones previas a la concentración se encontraba que, Claro “debe renunciar de manera pura, simple e irrevocable” ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) al derecho de explotación.
Por un lado, de 25 MHz de espectro radioeléctrico con cobertura nacional en la banda de 850 MHz y, por otro, de 30 MHz de espectro radioeléctrico con cobertura nacional en la banda de 1900 MHz, actualmente bajo titularidad de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V.
Para ello, América Móvil tenía presentar un “Proyecto de renuncia de espectro radioeléctrico” para evaluación y aprobación del Consejo Directivo y de la SIGET y aceptar la obligación de no participar en el proceso de adjudicación de las bandas devueltas, debiendo remitir al CDSC certificación de esta, extendida por la SIGET.
