Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el 17 de junio personal del gobierno de Baja California entró a la zona estéril del Aeropuerto Internacional de Tijuana de manera violenta y sin el debido proceso de inspección de seguridad, hecho que se da en medio de una disputa entre la empresa y el gobierno local.

En respuesta a esta violación se tuvieron que activar los protocolos de seguridad en consecuencia, se obligó al cierre temporal de las operaciones por aproximadamente 25 minutos (…) durante este tiempo no hubo despegues o aterrizajes de aeronaves que hayan sido afectados,

informó el grupo aeroportuario.

El personal que ingresó al aeródromo “al violar la seguridad el lugar”, fue consignado ante las autoridades respectivas por la Guardia Nacional.

El gobierno encabezado por Jaime Bonilla Valdez, reclama a la administración del aeródromo adeudos por el servicio de agua y predial por más de 16.9 millones de pesos en el lapso de cinco años.

También, Arturo González, presidente municipal de Tijuana, informó que la compañía debía 700 millones de pesos en concepto de predial y denunció en días pasados que, personal de la Dirección de Verificación e Inspección municipal intentó revisar el establecimiento al interior del aeropuerto pero no les fue permitido el paso.

El ayuntamiento de la ciudad fronteriza informó que se clausuraron 10 locales, algunos por considerase como no esenciales y otros por no contar con los permisos de operación vigentes.

El aeropuerto de Tijuana representa el 18.5% del total de tráfico de pasajeros para GAP, con lo que se posiciona como el segundo más importante después de Guadalajara, de acuerdo a datos de la empresa.

“En la actualidad, dicho complejo ha presentado retos, debido a las restricciones de movilidad por la propagación de la pandemia de COVID-19, de hecho, al inicio de la pandemia en enero sólo se consideraba una alerta los vuelos hacia China”, de acuerdo a una nota de Monex.

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