El tiempo corre para que la Comisión Federal de Electricidad y cuatro empresas de gasoductos -a las cuales el gobierno acusó de tener cláusulas ‘leoninas’- lleguen a un acuerdo sobre los contratos y poder regularizar el abasto de gas natural en el sureste del país, a la par de evitar que el caso vuelva al terreno del arbitraje internacional.
El 20 de julio es la fecha máxima prevista por el sector privado para lograr una renegociación con la Empresa Productiva del Estado sobre los términos en los que operarán siete ductos de gas natural, que abastecerán tanto a empresas como a plantas eléctricas de su materia prima.
IEnova, Fermaca, TC Energy y Grupo Carso se encuentran en pláticas con la CFE desde el 8 de julio, cuando arrancó la mesa de negociaciones. La eléctrica busca renegociar cláusulas contractuales que le significaron costos por 5,800 millones de pesos solo en 2018, al tener que pagar a las empresas por “causas de fuerza mayor”, pese a no estar los ductos aún en operación.
Entre estas cláusulas se encuentran el pago por huelgas laborales ajenas a la empresa, omisiones o medidas de la autoridad, conflictos civiles o guerras, además de incumplimientos por falta de autorización gubernamental.
Si (el gobierno mexicano) quiere enviar una buena señal a los inversionistas tras la salida de Carlos Urzúa, tiene incentivos parar llegar a un acuerdo con las empresas
considera el analista Ricardo Smith Nieves.
Dentro de los incentivos que permitirían llegar a un acuerdo esta semana está la necesidad del gobierno mexicano por aliviar la tensión a las finanzas públicas y el grado de inversión de la deuda soberana, que se ha visto presionado en los últimos días por el esperado Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, considera el analista.
Pero existen factores que ensombrecen el escenario de un acuerdo en los próximos días.
La administración de la CFE, dirigida por Manuel Bartlett, “no ha mostrado tener la mayor credibilidad ni ha honrado su palabra” con los empresarios y tiene una visión tradicional de la producción energética, considera Gonzalo Monroy, managing director de la consultora GMEC.
“La nueva dirigencia de CFE no entiende dónde están parados, creen que deben operar con carbón o combustóleo, pero están deteniendo el progreso” y generando un enorme costo reputacional, dice el analista.
El 29 de junio, la CFE y Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) firmaron un contrato para adquirir 330,000 toneladas de carbón mineral, como resultado de la reposición del fallo del concurso abierto internacional que adjudicó a la empresa dos partidas por 165,000 toneladas de carbón, con costo de 185.78 millones y 176.34 millones de pesos, respectivamente, detalla un comunicado de la CFE.
Mesas de negociación, en proceso
La perspectiva de que el conflicto entre IEnova, Fermaca, TC Energy, Grupo Carso y la CFE se solucione en los próximos días es optimista, especialmente después de las crecientes tensiones y solicitudes de arbitraje internacional de los últimos meses.
A principios de julio, la CFE inició a demandas preliminares de arbitraje internacional para eliminar cláusulas en contratos firmados durante el sexenio pasado. Estas afectaban a siete gasoductos que todavía no habían comenzado sus operaciones.
- Gasoducto trayecto Sur de Texas-Tuxpan
- Gasoducto trayecto Guaymas–el Oro
- Gasoducto trayecto Samalayuca–Sásabe
- Gasoducto trayecto Tula–Villa de Reyes
- Gasoducto trayecto Tuxpan–Tula
- Gasoducto trayecto Villa de Reyes–Aguascalientes
- Gasoducto trayecto La Laguna–Aguascalientes
La CFE dijo que fueron los privados quienes iniciaron el pleito legal, luego de que la eléctrica denunciara en febrero contratos ‘leoninos’ que estaban comprometiendo sus finanzas.
Días después, se acordó que habría mesas de diálogo para que ambas partes llegaran a un acuerdo.
Para Monroy, este movimiento evitó que la CFE invirtiera más recursos en una demanda que iba a perder, eventualmente, si el caso llegaba a instancias internacionales, como lo establece este tipo de contratos.
“El pleito por lo gasoductos no tiene ninguna razón; los va a perder y va a tener que pagar más”, asegura. Además, señala que el principal costo se daría por el retraso de las operaciones del ducto Sur de Texas-Tuxpan, que permitiría trasladar el gas natural desde Texas – el mercado más barato de gas natural a nivel mundial – al sureste de México, a bajo costo.
Mantener a todos los actores sentados en la mesa, sin recurrir al arbitraje establecido en los contratos, también sigue una lógica de estabilidad económica y política.
El lunes, la calificadora Fitch Ratings dijo en un reporte que la disputa entre la Comisión Federal de Electricidad y los constructores de ducto puede crear incertidumbre y desalentar la inversión privada en el sector eléctrico. Eso sumaría presiones a la calificación crediticia de México, considera Smith.
Además de la lógica económica, hay un interés político de la 4T. (El gobierno federal tiene) la visión de que hay que generar las condiciones para sentar a la mesa al sector privado y dejar claro quién es el que manda
,dice el analista.
