Ganfeng Lithium tiene la posibilidad de recurrir a un acuerdo de protección recíproca de inversiones existente entre México y China respecto a la cancelación de sus concesiones para la explotación de litio en Sonora por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Este convenio, firmado en 2008, permite que un inversionista chino pueda iniciar un procedimiento internacional, explicó Carlos Ramos, socio de la firma legal Hogan Lovells.
Sin embargo, para dar este paso “tendría que renunciar a cualquier procedimiento de defensa que estuviera procesándose ante las autoridades mexicanas”, explicó en entrevista.
Instancias locales
La cancelación de concesiones a la empresa china por parte del gobierno federal primero tendrá que ser dirimida en instancias locales, comentó Ramos.
Por lo pronto, la empresa china ya recurrió a un amparo contra la administración de AMLO por la decisión sobre sus concesiones, según dijo a medios el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Al respecto, la Cámara Minera de México (Camimex) dijo que no ve posible una cancelación debido al principio de no retroactividad de la ley.
Sin embargo, el abogado de la firma Hogan Lovells señaló que en este momento es difícil saber si la decisión es inviable, porque para ello debe saberse qué disposición se incumplió y si se trata de algo establecido antes o después de la reforma a la Ley Minera.
¿Táctica de negociación?
Ganfeng Lithium adquirió el 22.5% del proyecto de litio de Sonora que entonces estaba en manos de la inglesa Bacanora Lithium en 2019 y al año siguiente compró la totalidad de las acciones.
En 2022, los legisladores aprobaron la reforma para nacionalizar el litio, aunque el gobierno afirmó que las concesiones otorgadas antes de la modificación legal seguirían vigentes.
Mientras tanto, también se mantiene abierta la posibilidad de que el gobierno y Ganfeng Lithium lleguen a un acuerdo, algo que Carlos Romero no descarta como la intención detrás de la decisión que tomaron las autoridades mexicanas.
“En toda esta administración la estrategia del gobierno ha sido iniciar con un procedimiento de este tipo, independientemente de la estricta legalidad, y posteriormente busca llegar a algún acuerdo”, apuntó el abogado.
