Un grupo de 277 accionistas de Crédito Real analiza medidas en contra de Yamazaki, Ruiz Urquiza, que en México representa a Deloitte, firma que auditó los estados financieros de la compañía por más de 20 años.
Los accionistas emitieron esta semana una carta legal para exigir a Crédito Real que convoque a una asamblea en la que demandarán que la empresa rinda cuentas, en medio de su proceso de liquidación.
En el documento, al que EL CEO tuvo acceso, el grupo propone la contratación de una firma profesional de servicios contables y de auditoría para el análisis de los estados financieros de los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022.
Dicha firma determinará si hubo anomalías con relación a la información reportada, y en dado caso, se solicitará el pago de los daños y perjuicios que las fallas de revisión hayan causado a los accionistas.
En caso de identificarse errores, imprecisiones, información incorrecta y/o engañosa, autorizar que la Sociedad utilice todos los recursos a su alcance para reclamar a la firma de auditoría que emitió los informes financieros
detalla la misiva.
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Deloitte, en la mira
Deloitte fue auditor de Crédito Real desde el año 2000 hasta que en 2022 la financiera no bancaria cortó lazos con la firma e incluso planteó acciones legales en su contra.
La prestamista mexicana cayó en default crediticio en febrero del año pasado, apenas unos meses después de que la gerencia de la compañía admitiera errores contables en sus estados financieros de 2020.
Yamazaki, Ruiz Urquiza también hizo dictámenes de auditoría para AlphaCredit, Unifin y Tangelo (antes Mexarrend), otras financieras que incumplieron con sus compromisos en el pago de la deuda a sus acreedores por falta de liquidez.
Al igual que Crédito Real, AlphaCredit y Tangelo comunicaron al mercado en su momento que encontraron errores contables en el registro de algunos activos financieros.
Moody’s Local México advirtió en un reporte a inicios de este año que dichas revisiones ponen de relieve la falta de transparencia en los balances de las empresas, que operan como instituciones no reguladas.
La desconfianza de los inversionistas por estas noticias cerró la llave de fondeo para todo el sector en los mercados internacionales y provocó el encarecimiento del crédito que obtienen a través de la banca.
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Accionistas de Crédito Real quieren lugar en el consejo
La carta menciona que en la asamblea también se discutirá la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos o judiciales en contra de ejecutivos o empleados que ocultaron las inconsistencias contables.
Para ello, los accionistas buscarán nombrar a un consejero y a un comisario, dijo en entrevista su representante legal, Teodoro von Harrsch.
El grupo posee 10.27% del total de acciones en circulación de Crédito Real, equivalentes a 37.9 millones de títulos, lo que, según los estatutos de la propia compañía, les da aval para ocupar un asiento en el consejo de administración.
Con este 10% queremos nombrar a un miembro del consejo y a un comisario, ya que este podrá proceder en contra de las personas responsables
comentó el abogado.
Actualmente, el consejo de administración de Crédito Real está disuelto, tras una serie de renuncias a mediados del año pasado.
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¿Cuándo se hará la asamblea?
La asamblea deberá realizarse en los 15 días hábiles siguientes, contados a partir del jueves 25 de mayo, precisó Von Harrsch. La notificación fue entregada al liquidador de Crédito Real, Fernando Alonso de Florida Rivero.
En la carta, firmada por el accionista Álvaro Alonso Martínez Rueda Chapital, se hacen otras solicitudes de información sobre la situación financiera actual de la compañía y la conformación de su capital social.
De no lograrse el quórum en la primera asamblea, llamarán a una segunda convocatoria en términos de la Ley General de Concursos Mercantiles, que no requiere quórum para llevarse a cabo.
La empresa está obligada a rendir cuentas. Si no convoca a asamblea, nosotros vamos a ir con un juez
dijo el abogado.
Hace tan solo unos días, Crédito Real dijo que avanza en las negociaciones con algunos tenedores de bonos, a fin de solicitar el inicio de un concurso mercantil en México.
