El oficialismo del Senado argentino se apresta a convertir en ley un impuesto extraordinario “a las 12,000 personas” de mayor fortuna para solventar la lucha contra el COVI-19, otorgar subsidios a la pobreza y créditos a pymes, entre otras ayudas sociales de emergencia.
La alianza progubernamental de peronistas de centroizquierda y centroderecha probablemente hará valer su mayoría para aprobar un tributo que por única vez tratará de recaudar el equivalente a unos 3,000 millones de dólares. El debate podría extenderse hasta la madrugada del sábado.
Nadie tendrá que vender máquinas ni campos. El tributo recae sobre la financiación de riqueza,
argumentó la directora del ente tributario, Mercedes Marcó del Pont.
La jefa recaudadora del gobierno del presidente Alberto Fernández dijo que el impuesto alcanzará “a casi 12,000 contribuyentes, que muestran disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”.
La norma cosecha un rechazo enérgico de la primera fuerza opositora, la neoliberal Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, quien dijo que es una medida “confiscatoria”.
En coincidencia, la más influyente patronal, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dijo que “se afecta la propiedad privada, golpea la inversión, la producción y el empleo y produce un gran desaliento”.
La discusión por el llamado popularmente “impuesto a los millonarios” se produce en un país con el 40.9% de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y cuya economía está en recesión desde 2018.
El desempleo es mayor al 10% y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) estimada para 2020 es mayor al 11%, según el banco central, con un déficit fiscal que ronda los ocho puntos, desorbitado por los gastos frente a la pandemia, que deja más de 39,000 muertes y casi 1.5 millón de contagiados.
Desigualdad social
“Hay espacio fiscal para gravar a los que más tienen por primera vez en la historia con un impuesto directo. Esto pasa no sólo en Argentina. El sistema tributario regional es tremendamente desigual e inequitativo”, dijo a la AFP Adrián Falco, secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.
Según él, “el sistema se basa en impuestos al consumo y nunca en los que más tienen. Los que realmente pagan impuestos son muy pocos y para evadir se usan paraísos fiscales y empresas fantasma”.
La iniciativa que aprobó Diputados por 133 contra 115 votos, con dos abstenciones de la izquierda, grava a quienes tienen un patrimonio declarado mayor a 200 millones de pesos (2.3 millones de dólares) con una tasa progresiva de hasta 3.5% para los bienes en Argentina y de hasta 5.25% sobre los bienes fuera del país.
“Enardecer espíritus”
“Este impuesto es una locura total. Se le plantea a quienes ya tienen 32,000 problemas y esto va a enardecer espíritus”, cuestionó el economista Juan Carlos de Pablo, profesor de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema).
El destino de la recaudación será en un 20% a insumos médicos para la pandemia, otro 20% a Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), 15% a desarrollos sociales, 20% a becas estudiantiles y 25% a emprendimientos de gas natural.
El tributo alcanza al 0.8% del total de los contribuyentes. El 42% tienen activos dolarizados, de los cuales el 92% están radicados en el exterior. Lejos está de gravar la actividad productiva
explicó uno de los autores del proyecto, el legislador Carlos Heller.
En la vereda opuesta, el presidente de la poderosa Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, advierte que se “lo quiere presentar como una contribución de los más ricos, pero sabemos lo que pasa con todos esos gravámenes únicos, se quedan para siempre”.
Pero Hernán Lechter, director del Centro de Estudios de Política Económica, explica que “la propuesta no es exclusividad argentina y hay al menos 11 países de Europa y Latinoamérica que avanzan en mayor justicia tributaria”.
“Estas medidas de sostén de ingresos a las familias y de subsidios es para mitigar la desigualdad”, dijo Letcher a la AFP.
