La negociación postbrexit entre Londres y Bruselas todavía no ha comenzado pero el gobierno de Boris Johnson ya amenazó con abandonar las conversaciones en junio si no ve avances.
Tras la salida oficial del Reino Unido de la UE el 31 de enero, ambas partes deben emprender el lunes la segunda, y más compleja, fase de negociación: la de su futura relación comercial.
Se trata de alcanzar un acuerdo de libre comercio que Londres desearía fuese tan amplio como el que los 27 tienen, por ejemplo, con Canadá.
Sin embargo, Bruselas, que teme encontrarse con un poderoso competidor desleal a sus puertas, ya advirtió de que el corto periodo de tiempo previsto -Johnson se niega a ampliar el periodo de transición más allá de finales de año- no permitirá alcanzar un acuerdo completo.
El ejecutivo británico publicó el jueves el documento con sus directrices negociadoras, dos días después de la aprobación por la UE de su propio mandato para unas complejas conversaciones que comenzarán en Bruselas antes de trasladarse a Londres a finales de mes.
En él, a cambio de un amplio acceso al mercado único europeo, los exsocios de Johnson exigen que el Reino Unido respete reglas a largo plazo en materia de subvenciones estatales, derechos laborales, fiscales o ambientales.
Pero el gobierno británico ve las cosas de otro modo: “no negociará ningún acuerdo en el que el Reino Unido no tenga el control de sus propias leyes y de su vida política”, afirman sus directrices, en las que el ejecutivo de Johnson afirma “esperar” que “las líneas generales de un acuerdo” se establezcan en junio.
De lo contrario “el gobierno tendrá que decidir si la atención del Reino Unido debe desviarse de las negociaciones y centrarse en la continuación de los preparativos” para romper bruscamente los lazos con la UE el 31 de diciembre.
Las consecuencias de la ruptura
Este anunció bastó para hacer caer la libra un 1% frente al euro.
Y llevó a la Comisión Europea a subrayar que “ha anticipado la posibilidad” de un fracaso de las negociaciones.
Una ruptura de la negociación equivaldría al temido escenario de un Brexit sin acuerdo, que los círculos empresariales británicos denunciaron con vehemencia durante los meses de caos político previos al divorcio debido a sus caóticas consecuencias económicas.
Diputados de la oposición británica criticaron también el jueves la intención de Londres de abandonar el sistema de mandato de detención europeo, que permite el rápido traslado de sospechosos.
El ejecutivo quiere instaurar en su lugar un sistema de extradición acelerado como el que tienen Noruega e Islandia.
Con la fuerza que le otorga la aplastante mayoría legislativa conseguida en las legislativas de diciembre, Johnson está determinado a cumplir su promesa de completar el proceso a finales de 2020, sin ampliar el periodo transicional.
El acuerdo de divorcio permite ampliar una vez el período por un máximo de dos años, pero para ello las partes deberían acordarlo en junio.
Si ambas partes no llegan a un acuerdo, las relaciones económicas entre Bruselas y Londres deberían pasar a regirse por las normas básicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que son mucho menos ventajosas porque fijan aranceles para la mayoría de mercancías.
