Dos investigadores estadounidenses cuestionaron el fraude electoral constatado por los observadores de la OEA en Bolivia, que llevó a la renuncia del entonces reelecto presidente Evo Morales y a la convocatoria de nuevos comicios, un análisis rechazado el viernes por el organismo regional.
El informe de John Curiel y Jack Williams, solicitado por el grupo de estudios progresista con sede en Washington CEPR y publicado el jueves en el diario The Washington Post, motivó que el gobierno de México, que asiló a Morales luego de su salida del poder, pidiera aclaraciones a la Secretaría General de la OEA.
Curiel y Williams explicaron sus hallazgos en un artículo titulado “Bolivia rechazó sus elecciones de octubre por fraudulentas. Nuestra investigación no encontró razón para sospechar fraude”.
Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre en Bolivia.
Estas afirmaciones contradicen el reporte de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluyó que hubo “manipulación dolosa” en los comicios generales del 20 de octubre y señaló la imposibilidad de validar los resultados que le dieron la victoria a Evo Morales.
Esa auditoría desencadenó la dimisión de Morales el 10 de noviembre en medio de una convulsión social, su refugio en México primero y luego en Argentina, y la anulación de las elecciones, posteriormente reprogramadas para el 3 de mayo.
En una carta el viernes a los editores del Post, el jefe de gabinete de la Secretaría General e la OEA, Gonzalo Koncke, dijo que el artículo de Curiel y Williams “contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones” y subrayó que los resultados de la misión del organismo “demuestran inequívocamente que hubo ‘manipulación intencional’ de las elecciones”.
“La OEA continúa respaldando su trabajo y continuará alertando sobre todos y cada uno de los esfuerzos, como éste, por manipular la opinión pública”, aseguró.
El viernes, la cancillería mexicana divulgó una carta enviada por su misión permanente ante la OEA a la Secretaría General encabezada por Luis Almagro, agradeciendo “ampliamente” la aclaración “por escrito” de las discrepancias entre ambos informes.
México se pronuncia de nuevo
Además, pidió que se solicite a investigadores especializados independientes la elaboración de un análisis comparativo de las conclusiones de ambos reportes.
La misiva presenta el análisis de Curiel y Williams como una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), pero el estudio no fue hecho por la prestigiosa universidad estadounidense.
Curiel y Williams fueron contratados en diciembre por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) para que verificaran de forma “independiente” una pesquisa de noviembre de ese grupo de estudios, según dijo el propio CEPR.
Al revelar el jueves el análisis de Curiel y Williams, el CEPR aclaró que “cualquier análisis e interpretación de los hallazgos en este informe expresan únicamente los puntos de vista de los autores, investigadores del laboratorio electoral de MIT”.
“No podemos encontrar resultados que nos lleven a la misma conclusión que la OEA. Creemos que es muy probable que Morales haya obtenido el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera vuelta de las elecciones el 20 de octubre de 2019″, indicaron Curiel y Williams en el análisis publicado en el sitio web del CEPR.
El CEPR había presentado en noviembre un informe señalando la inexistencia de irregularidades en las elecciones bolivianas que dieron ganador a Morales.
Entonces, en diversas columnas de opinión, analistas del CEPR, entre ellos el excanciller del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, Guillaume Long, se sumaron a la denuncia de Morales de que había sido víctima de un “golpe de Estado”.
La renuncia de Evo Morales, tras casi 14 años en el poder, tuvo lugar después de tres semanas de presión en las calles en su contra y tras perder el apoyo de los militares.
El exmandatario, primer presidente indígena de Bolivia, buscaba un cuarto mandato luego de lograr una habilitación especial a una prohibición constitucional y tras perder un referendo en 2016 que rechazó su reelección.
