Un juez de Estados Unidos dictó este lunes una orden que detiene la política del gobierno de Donald Trump de enviar a algunos solicitantes de asilo de regreso a la frontera sur para esperar en México a que se resuelvan sus casos.
La decisión entraría en vigencia el viernes, según lo dispuesto por el juez federal de distrito Richard Seeborg en San Francisco. La orden preliminar será aplicada a nivel nacional.
El dictamen remueve al menos temporalmente una controvertida estrategia de la administración que apunta a reducir el flujo de inmigrantes, muchos de ellos familias de América Central, que aumentaron el mes pasado a su mayor nivel en una década.
Debido a los límites sobre cuánto tiempo se permite mantener bajo custodia a los niños, muchas de las familias son liberadas para esperar las audiencias en cortes estadounidenses, un proceso que puede llevar años debido a los retrasos acumulados.
En respuesta a dicha situación, Washington comenzó en enero a enviar a algunos inmigrantes a ciudades en la frontera en México para que esperaran por las fechas de las audiencias, en una política conocida como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que planeaba expandir el programa.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó realizar comentarios. La Casa Blanca no respondió inmediatamente requerimientos para una declaración.
Seeborg dijo que su dictamen giró en torno a la limitada interrogante sobre si el gobierno de Trump había seguido las leyes administrativas al implementar la política.
La interrogante legal no es si MPP es una política sabia, inteligente o humana, o si es el mejor enfoque para abordar las circunstancias que el poder ejecutivo sostiene que constituyen una crisis,
escribió Seeborg.
El juez afirmó que la administración deberá permitir que los 11 demandantes en el caso ingresen a Estados Unidos a partir del domingo. Aseguró que el gobierno aún conservaba el derecho a detener a los solicitantes de asilo en espera del resultado de su caso.
El MPP se basó en una ley de décadas de antigüedad que dice que los migrantes que ingresan desde un país contiguo pueden ser devueltos para esperar su caso de deportación, aunque la disposición nunca se había utilizado en la forma en que Washington la aplicó.
Grupos de derechos civiles presentaron una demanda, argumentando que la política violaba las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional al regresar a los refugiados a peligrosas ciudades fronterizas donde no podrían obtener asesoría legal o notificaciones de audiencias.
Los demandantes incluyen organizaciones de servicio legal y migrantes que salieron de Guatemala, Honduras y El Salvador para escapar de lo que denominaron como violencia extrema, violaciones y amenazas de muerte.
