Los fabricantes de armas de EU, incluidos Smith & Wesson, Ruger y Barret, pidieron el lunes a un juez que desestime una demanda del gobierno mexicano que los acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de droga, lo que ha provocado miles de muertes.
De acuerdo con Reuters, los fabricantes de armas dijeron a un juez federal en Boston que México buscaba a través de su demanda de 10,000 millones castigarlos por la venta de armas de fuego “que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en los Estados Unidos”.
Las empresas, que también incluyen a Beretta, Barrett, Colt y Glock, argumentaron que México trató de utilizar los tribunales estadounidenses para eludir una disputa diplomática con Estados Unidos, pero que no tenía la capacidad de demandarlos.
Los gobiernos mexicanos han instado a Estados Unidos a poner fin al tráfico ilícito de armas de fuego estadounidenses hacia México.
En agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó demandas contra empresas estadounidenses fabricantes de armas por el papel que juegan en su comercialización ilegal en México.
En el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales”, argumentaron las empresas. “Mientras que Estados Unidos reconoce el derecho a poseer y portar armas, México prácticamente ha eliminado la propiedad privada de armas”.
El canciller Marcelo Ebrard dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas el lunes que la decisión del país de presentar la inusual demanda en agosto fue “una cuestión de principio y una obligación moral”.
La demanda alegó que las empresas socavaron las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y distribuir armas militares; armas de asalto de estilo en formas que sabían que armarían a los cárteles de la droga, alimentando asesinatos, extorsiones y secuestros.
La demanda de México dice que más de 500,000 armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68% son elaboradas por los fabricantes de armas de EU que demandó.
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Las empresas argumentaron que México no pudo establecer que sus daños eran atribuibles a ellas y que una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, protegía a los fabricantes de armas de demandas por el uso indebido de sus productos.
Si bien las empresas dijeron que México creía que la ley no se aplica a sus reclamos, “el texto simple del estatuto excluye esa teoría”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que respondería a los argumentos de las empresas el 31 de enero.
