Un grupo de 23 estados de Estados Unidos, liderados por California, el Distrito de Columbia y otras ciudades, están retando la decisión de la administración federal de debilitar los estándares de eficiencia de combustible de la administración de Obama. El desdén de Trump por la eficiencia de combustible está a prueba.
En marzo, el gobierno federal emitió reglas definitivas que requieren 1.5% de incrementos anuales en eficiencia hasta 2026, mucho menos ambiciosos que los incrementos de 5% que las reglas de Obama requerían originalmente. Estas reglas representaron el abandono a la idea original de congelar los incrementos por seis años.
La semana pasada, un grupo que representa a General Motors, Fiat Chrysler, Toyota, y otros fabricantes, apoyó a la administración de Trump en su plan y se opusieron a utilizar medios legales para debilitar aún más los requerimientos. Otros fabricantes, incluyendo a Ford, no apoyan el plan de la administración.
El procurador general de California, Xavier Becerra, dijo que los nuevos requerimientos “incrementarán costos a los consumidores y permitirán la emisión de contaminantes peligrosos que amenazan directamente la salud de nuestras comunidades”.
En 2018, el transporte representó alrededor del 28% de las emisiones de carbono en Estados Unidos. Esto significó la mayor fuente de emisiones, por encima de la generación eléctrica con el 27% y la industria con el 22%.
Durante ese año, el 90% del parque vehicular utilizaba gasolina o diésel, por lo que la adopción de vehículos eléctricos podría pasar a segundo plano cuando se trata de disminuir emisiones, dando más importancia a la eficiencia de combustible atacada por las nuevas reglas federales.
Con información de Reuters
