Miles de salvadoreños marcharon este jueves en la capital de El Salvador en contra del uso del bitcoin en la economía y contra un decreto que dispuso el pase a retiro de un tercio del total de jueces.
“No al bitcoin en El Salvador”, “El bitcoin es contra los pobres”, “Basta de atentar contra la estabilidad de los jueces” fueron algunas de las consignas de los manifestantes.
En la marcha, veteranos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), usando viejos uniformes verde olivo se amarraron cintas en su cabeza con la leyenda “no al bitcoin” y quemaron petardos.
Un dirigente del Frente Social y Sindical Salvadoreño, Wilfredo Berríos, criticó como “injusto” el uso del bitcoin.
“Es una medida inconsulta del gobierno de poner el bitcoin, ha venido a meter miedo e incertidumbre a la gente que ya usa esa moneda virtual, están perdiendo dinero y eso quién lo repone, nadie”, dijo Berríos a la AFP.
La criptomoneda es de curso legal en El Salvador desde el pasado 7 de septiembre, sin embargo, desde el anuncio de la Ley Bitcoin hubo diferentes inconformidades entre los habitantes del país centroamericano.
Bukele va contra jueces
Asimismo, una reciente disposición del Congreso, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, pasó a retiro a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
“Ese decreto es inconstitucional, se han violado derechos de los jueces, y por eso pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Justicia que se pronuncien contra este atropello”, dijo a la AFP el juez Juan Antonio Durán, líder de un movimiento de apoyo a los magistrados.
El pasado domingo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió mantener a casi la mitad de los jueces que serían apartados de sus cargos debido a la decisión aprobada por el Legislativo.
La norma alcanzó a 249 jueces, un tercio del total.
De ellos, 115 se acogieron a una de las prerrogativas de la norma que permitía “no renunciar y solicitar quedar en régimen de disponibilidad”.
Según decisión de la CSJ, estos 115 magistrados podrán “permanecer en sus funciones dentro de las sedes judiciales, manteniendo sus cargos por un periodo de cinco años, pudiendo ser prorrogados”.
Otros 100 jueces optaron por renunciar acogiéndose a un plan de indemnización, y fueron sustituidos a partir del domingo.
Finalmente, 34 jueces se negaron a renunciar, denunciaron la norma por “inconstitucional” y fueron cesados sin beneficios.
