Los países de América Latina y el Caribe tendrán que mantener un amplio gasto fiscal y políticas de estímulo para superar el fuerte impacto que han sufrido debido a la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un informe de la Cepal.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó en un informe que la austeridad fiscal no es una respuesta adecuada para atender los retos que se enfrentan por la crisis sanitaria.

Los esfuerzos nacionales deberán ir acompañados de una mayor movilización de recursos externos, a través del acceso a fuentes accesibles de financiamiento en condiciones favorables, tanto en los mercados internacionales como por parte de las instituciones financieras internacionales,

señaló.

“Para avanzar hacia una recuperación económica sostenida y que pueda apoyar la construcción de un Estado de bienestar y el fortalecimiento del sector productivo será necesario mantener políticas fiscales y monetarias expansivas”, agregó.

El brote de COVID-19 profundizó la debilidad que ya venía mostrando la región y la llevará este año a su peor contracción desde que se iniciaron los registros en 1900, con un desplome del 9.1%.

Las naciones tendrán que evitar el colapso de sus economías con “políticas de estímulos a la demanda agregada, administrar las presiones que genera el choque externo sobre los sistemas cambiarios y monetarios, y gestionar adecuadamente los flujos de capitales para potenciar la efectividad de las políticas fiscal y monetaria”, agregó.

El esfuerzo fiscal de algunos países en el contexto de la crisis impulsarán el gasto público promedio, que se prevé incrementará a un 25.4% del PIB en 2020, frente al 21.7% del PIB observado en 2019, detalló el informe.

El panorama laboral continuará con el estancamiento que ya mostraba en 2019, cuando la tasa de desocupación fue del 8.0% en promedio y afectó a aproximadamente 25.7 millones de personas, mientras el 54% de los ocupados se desempeña en el sector informal.

Las remesas, fuente importante de ingresos para algunas naciones, están golpeadas por las crisis de las economías emisoras.

“Las secuelas que esto dejará en términos de desempleo y pobreza entre los migrantes y sus familias en sus países de origen hará que se requieran años para recuperar los niveles anteriores a la pandemia”, dijo el organismo.

En riesgo 2.7 millones de empresas

El organismo que dirige Alicia Bárcena prevé además prevé el cierre de 2.7 millones de empresas formales en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, 18 millones de personas más respecto al nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global.

La pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, es decir, un retroceso de 15 años, alcanzando a 231 millones de personas; mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas.

En este escenario, serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural. Hay que fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales,

dijo Bárcena.

Con información de Reuters