La administración del presidente estadounidense Joe Biden apeló el fallo de un juez británico contra la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo este viernes un funcionario del Departamento de Justicia.
La apelación dejó clara la intención de Biden de que Assange sea juzgado por cargos relacionados con espionaje y piratería por la publicación de WikiLeaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses.
El Departamento de Justicia tenía hasta este viernes para presentar la apelación al fallo de la jueza Vanessa Baraitser.
“Sí, presentamos una apelación y seguimos buscando la extradición”, dijo a la AFP el portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi.
El 4 de enero fue que una jueza británica rechazó extraditar al cofundador de Wikileaks, Julian Assange, decisión que se tomó con base en la salud mental de Assange, ya que consideró que podría suicidarse.
“Considero que el estado mental del señor Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a Estados Unidos (…) La salud mental del señor Assange se deterioraría, motivándolo a cometer suicidio llevado por la ‘determinación obsesiva’ de su trastorno de espectro autista”, escribió Vanessa Baraitser, jueza en la corte penal de Londres en sus sentencia.
La defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente, aunque le fue negada.
Estados Unidos se niega a dejar el caso
Biden enfrentó presión por grupos de defensa de los derechos humanos para que abandonara el caso, que pone sobre la mesa cuestiones sensibles sobre transparencia y libertad de prensa.
Después de que WikiLeaks comenzó a publicar secretos de Estados Unidos en 2009, la administración Obama, en la que Biden era vicepresidente, renunció a continuar con el caso.
Assange dijo que WikiLeaks no era diferente a otros medios protegidos constitucionalmente para publicar tales materiales.
Procesarlo también podría significar procesar a las poderosas corporaciones de noticias por publicar material similar, abriendo las puertas a luchas legales que el gobierno probablemente perdería.
Pero bajo el gobierno de Donald Trump, cuyo triunfo en 2016 contó con la ayuda de WikiLeaks que publicó documentos del Partido Demócrata que dañaron a su rival Hillary Clinton, el Departamento de Justicia construyó un caso de seguridad nacional contra Assange.
En 2019, en virtud de la ley de espionaje y leyes de delitos informáticos estadounidenses, el australiano fue acusado de varios cargos por conspirar y dirigir a otros para obtener y revelar ilegalmente secretos de Estados Unidos entre 2009 y 2019.
Al hacerlo, ayudó e instigó la piratería informática, ilegalmente expuso al peligro fuentes confidenciales estadounidenses y usó la información para dañar al país, según los cargos.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Assange, de 49 años, podría enfrentar una sentencia de prisión de 175 años.
“Julian Assange no es un periodista”, dijo el entonces secretario adjunto de Justicia, John Demers.
Assange ha permanecido detenido por las autoridades británicas en espera de la apelación.
A principios de esta semana, 24 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, instaron a Biden a abandonar el caso.
“Periodistas de las principales publicaciones de noticias hablan regularmente con fuentes, piden aclaraciones o más documentación, y reciben y publican documentos que el gobierno considera secretos”, dijeron en una carta abierta.
“En nuestra opinión, el precedente de este caso podría efectivamente criminalizar estas prácticas periodísticas comunes”.
