tianguis del bienestar

16 de julio 2021 | 5:00 am

La implementación del Tianguis del Bienestar, en el que se pretende vender a menores precios las mercancías confiscadas como ropa, calzado, ventiladores y juguetes a las personas de menores ingresos, enfrenta no solo retos en el ámbito jurídico, sino también criterios de transparencia para evitar clientelismos en la población.

Su ejecución levanta más de una ceja entre los abogados en materia de propiedad industrial e intelectual, especialmente porque se podrían violar leyes y acuerdos comerciales; mientras que entre economistas surge la preocupación de un golpe al mercado formal, ante una competencia en el que los consumidores encontrarán artículos a menores precios. 

Actualmente, la venta de artículos decomisados conocidos como ‘pirata’ están prohibidos en el país; así como los incautados por la falta de pago de aranceles. De hecho, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece las reglas para destruir los bienes incautados en las aduanas.

 

 Es un marco legal amplio que se estaría violando, se trataría de impactos en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Propiedad Intelectual, así como tratados internacionales como el T-MEC. Si se modifican estas leyes sería inconstitucional

 dijo Daniel Ochoa, abogado experto en propiedad intelectual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no especificó si el tipo de mercancías que se vendan en el Tianguis del Bienestar provendrían del mercado informal o de aquellas que falten en el pago de aranceles. Pero de ser así, se esperaría un golpe a la economía formal.

La venta de mercancías confiscadas debe ser bien ubicada en las zonas del país, donde la actividad formal no tenga una penetración fuerte para evitar una afectación, retos logísticos para su almacenamiento y distribución a estas áreas de escasos recursos y que tienen poca infraestructura vial.

Se debe tener mucho cuidado en distribuir esta mercancía que proviene de actividades ilícitas porque se corre el riesgo de que se distorsionen algunos mercados; me refiero a que bajen los precios del mercado formal con esta medida

 dijo Rodolfo de la Torre, director de desarrollo social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

 

El objetivo de López Obrador con esta medida es dejar de pagar las rentas de entre 200 y 300 bodegas donde se resguardan los bienes decomisados; al mismo tiempo que se ofrecen a las personas con más necesidades económicas. No obstante, para lograr consolidar el proyecto, el gasto sería mayor al del almacenamiento, expuso de la Torre.

La participación de la informalidad en la economía mexicana tuvo un crecimiento de 23% en 2019, frente al 22.4% que registró en 2018, según las cifras más recientes de Inegi.

Al cierre del 2020, el valor de la fabricación de prendas de vestir en México fue de 36,327 millones de pesos, lo que significó una reducción anual del 33.7%, de acuerdo con cifras del Inegi. 

El Estado de México es donde se reporta el mayor monto de producción de prendas de vestir con un total de 14,710 millones de pesos al cierre de junio de este año; mientras que la Ciudad de México representa un total de 9,017 millones de pesos.

 

Los dos lados de la moneda

Existen dos experiencias previas que hablan sobre los beneficios y riesgos de algunos programas que tienen la intención de apoyar a las personas con menos ingresos, expuso el especialista del CEEY.

Por el lado positivo, existe el precedente de que algunos supermercados ponen a disposición de bancos de alimentos parte de su inventario que está pronto a caducar o que no se ha comercializado. Esta acción tiene un saldo positivo para las comunidades donde se distribuye.

En contraste, existe la experiencia en la regularización de los autos chocolates, aquellos autos extranjeros que entran al país de manera ilegal, que compiten de manera ventajosa con la industria nacional y terminan por convertirse más en un problema que una solución.

No es claro si la propuesta tendrá saldo positivo al cubrir los costos y compensar los riesgos. Por lo pronto hay que considerar la iniciativa como una posibilidad que requiere de un análisis cuidadoso y ojalá no sea una simple ocurrencia

 comentó el directivo de CEEY.