El regulador en competencia emplazó a participantes en el mercado de intermediación de deuda gubernamental por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas.

Con este emplazamiento inicia el procedimiento seguido en forma de juicio, en el cual los agentes económicos podrán defenderse de las imputaciones que se hacen en su contra,

indicó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en un comunicado este lunes.

El regulador no detalló nombres ni el número de agentes económicos involucrados en la investigación que inició en octubre de 2016.

El jefe de la unidad investigadora de la Cofece, Sergio López, declaró a Reuters que los involucrados cuentan con 45 días hábiles para ofrecer pruebas relacionadas con las imputaciones, y que el regulador podría emitir una resolución el próximo año.

La Cofece recordó que las prácticas monopólicas absolutas son contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo fin o efecto es la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, así como la concertación de posturas en licitaciones, entre otras.

En su Dictamen de Probable Responsabilidad, la Autoridad Investigadora de la Cofece supo de hechos que posiblemente pudieran actualizar la comisión de prácticas monopólicas absolutas.

Esto es arreglos con el objeto o efecto de manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de estos instrumentos,

indicó .

Detalló que una vez que los probables responsables presenten sus pruebas, y se desahoguen y se presenten los alegatos correspondientes, el pleno del regulador resolverá conforme a derecho.

De comprobarse la realización de la conducta ilícita, los agentes económicos podrían ser sancionados con multas de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, agregó.

A principios de 2017, la Cofece explicó que la investigación abarcaba tanto colocaciones primarias de títulos, como operaciones realizadas en el mercado secundario, entre 2006 y 2016.

Los formadores de mercado autorizados por el gobierno son BBVA Bancomer, Barclays, Banco Santander, HSBC, Banamex, JP Morgan y Bank of America, según la Secretaría de Hacienda.

En un comunicado, Santander México dijo este lunes que responderá al anuncio del regulador y que ofrecerá pruebas que acrediten que no llevó a cabo prácticas contrarias a la competencia.

Con información de Reuters