La crisis generada por la pandemia del COVID-19 evidenció la debilidad de las finanzas públicas y su limitada capacidad para ayudar a la población con mayores riesgos de caer en la pobreza: mujeres, adultos mayores de 65 años en adelante y personas indígenas.
Si se contara con una reforma fiscal progresiva, se podría reducir la desigualdad en dichos grupos y se mejorarían los ingresos para atender las carencias que se tienen en los sistemas de salud y educación, indicaron especialistas de Fundar, CIEP y Oxfam en su estudio La vacuna contra la desigualdad.
Necesitamos avanzar a un sistema tributario menos discrecional y más progresivo, es decir un sistema que grave el patrimonio y los ingresos de quienes tienen mayor capacidad económica
dijo Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal en Fundar.
Los impuestos progresivos que se plantean son: en la riqueza neta de las personas, herencias, donaciones, predial y tenencia que podrían otorgar mayores recursos a las finanzas públicas del país, comentó el especialista.
El impuesto a la riqueza neta sería de una tasa uniforme anual de 3.5% a personas que tengan una riqueza neta superior a los 10,746 millones de pesos. Esto podría generar ingresos por 99,000 millones de pesos, equivalentes a 0.4% del PIB.
Para garantizar que los ingresos recaudados se dirijan hacia el sistema de salud y educación, el impuesto a la riqueza neta tendría que crearse bajo la lógica de un impuesto extrafiscal en términos de los artículos 3, 4 y 25 de la Constitución Mexicana.
Impuestos a herencias y donaciones
Los países que gravan las herencias y donaciones suelen contemplar exenciones o reducciones de impuestos en función del parentesco de las personas con la finalidad de no afectar el patrimonio familiar, con lo que en México se podrían incluir exenciones que eviten el gravamen a la clase media y a quienes menos tienen.
El impuesto se podría aplicar con base en el avalúo que un perito realice de todos los bienes transmitidos al heredero; considerar los bienes fideicomitidos como patrimonio del fideicomitente o del fideicomisario, y armonizar el cobro de este impuesto con el impuesto a las donaciones.
Según el estudio, la recaudación potencial podría encontrarse en un rango de entre 5,000 y 30,000 millones de pesos (entre 0.02% y 0.12% del PIB). En algunas economías de Latinoamérica este impuesto deja entre 50,000 y 170,000 millones de pesos.
2. Gravar los altos ingresos y reducir beneficios fiscales. ?
a. La tasa marginal del 35% es baja a comparación de otros países. De incrementarse a 52%, la recaudación podría ascender al 0.3% del PIB. ?#VacunaVsDesigualdad
— CIEP, A.C. (@ciepmx) May 25, 2021
Predial y tenencia
El predial es el impuesto que se cobra sobre la propiedad de bienes inmuebles. México es uno de los países que menos recauda por este rubro debido a una serie de complicaciones en los municipios donde se cobra directamente.
Pero si se regulan los gastos fiscales y se aplica el impuesto al predial en todos los estados como se hace en la Ciudad de México, se podrían recaudar hasta 378,000 millones de pesos anualmente (1.5% del PIB).
Esta cantidad es casi siete veces mayor de lo que se recauda en la actualidad con un total de 57,000 millones de pesos. En promedio, cada persona contribuiría con 3,111 pesos al año en forma de impuesto predial.
La aportación sería progresiva: 34% de la recaudación vendría del 10% de mayores recursos y sólo 15% vendría del 40% de la población de menores recursos
destacó el estudio.
El impuesto a la tenencia grava el valor de mercado de los vehículos con base en su antigüedad, equipamiento y precio. Si todas las entidades se basaran en el diseño de cobranza de la Ciudad de México en términos per cápita, los ingresos pasarían de 18,283 millones de pesos a 80,480 millones de pesos.
La diferencia equivaldría a más de tres veces lo que se destinaría en 2021 para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y más de cuatro veces lo presupuestado para IMSS-Bienestar, destacó el estudio.
¿A dónde se irían los recursos?
Los recursos que se generen a través de este tipo de impuestos progresivos, permitirían mejorar la situación en la que se encuentran el sistema de salud y el educativo, indicó Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
Se requería un punto del PIB más para aumentar los servicios de salud y poder enfrentar la crisis por COVID-19, pero los recursos adicionales fueron del 0.09% del PIB , “esto dejó una consecuencia que se refleja en el número de fallecimientos, crisis económica y crisis de empleo”.
De 2010 a 2021, se han gastado entre 2.5% y 2.9% del PIB en salud, lo cual es menos de la mitad de lo que sugiere la OMS y de estimaciones del CIEP para tener una cobertura universal.
En educación, durante los últimos 10 años se ha gastado entre 3.9 y 3.4% del PIB, a pesar de que la ley estipula un gasto del 8% del PIB, remarcó Macías.
La pandemia evidenció el rezago que teníamos en educación y salud. La inversión en estos rubros son clave para el bienestar y desarrollo de la población y tenemos que estar pensando en un sistema fiscal en el que se tengan los recursos a estos sectores
