En caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial, las agencias como Fitch Ratings podrían reducir la calificación crediticia de México debido a daños al marco institucional, dijo el estrategia senior para América Latina de XP Research, Marco Oviedo, en una nota de análisis.
En este escenario, Fitch podría reducir la calificación desde BBB- a BB+ una vez que la reforma sea promulgada, indicó el especialista.
La eventual puesta en marcha de las modificaciones al Poder Judicial también generaría afectaciones a otros aspectos económicos y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto ya que se afectarían los tribunales donde se resuelven aspectos de relaciones y derechos laborales.
La revisión del T-MEC en 2026 está en riesgo
concluye la institución financiera brasileña.
Peso se depreciará hacia el final del año
XP Research indicó que el peso mexicano experimentará una depreciación hacia el final del año. Por este motivo ajustaron su proyección al cierre del año hacia una paridad de 20.50 pesos por billete verde, desde un cálculo previo de 20 unidades.
La institución también detalló que las posiciones largas por el peso mexicano han caído 63% desde la jornada electoral en junio pasado, con base en datos de Bloomberg. No obstante, todavía se encuentran 250% por encima de los niveles más bajos experimentados durante 2020.
Algunos de los efectos serán a largo plazo, pero como mencionamos, otros podrían ser más evidentes en los próximos meses, como una fuerte recesión económica con consecuencias fiscales, acciones de calificación y violaciones del T-MEC que podrían poner en riesgo el acuerdo en 2026
explica el analista.
También hay costos sociales en la reforma al Poder Judicial
XP Research especifica que efectivamente habría consecuencias económicas como la reducción de inversiones una vez que la reforma al Poder Judicial se apruebe en el Congreso de la Unión.
Aunque no serían menos importantes las consecuencias de carácter social. Entre ellas, estaría el aumento a la corrupción debido a la potencial inexperiencia de los jueces electos por voto popular, lo que eventualmente provocaría una debilidad institucional.
De igual manera, una menor experiencia en los jueces se traduciría en una aplicación más débil de la ley, con menor uso de doctrinas legales y jurisprudencia, lo que afectaría a la impartición de justicia.
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