El Consejo de Empresas Globales en México advirtió que la aprobación del proyecto de reforma al Poder Judicial en su forma actual podría poner en riesgo la atracción de inversiones, comprometer el cumplimiento del T-MEC y el nearshoring.
En un posicionamiento del organismo, que agrupa a más de 60 empresas que representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, se indicó que esta reforma podría socavar la capacidad de los inversionistas para acceder a un sistema judicial justo en el país.
Además, el Consejo señaló que la reforma podría afectar negativamente las conversaciones trilaterales en curso sobre el T-MEC para 2026 y otros acuerdos internacionales, como los tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
El Consejo de Empresas Globales instó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a los miembros del Congreso a tomar decisiones que “permitan al país continuar con su crecimiento económico y mantener su atractivo para la inversión”.
Puntos que se deben cuidar en la reforma al Poder Judicial
El Consejo de Empresas Globales en México expuso que dentro de la aprobación del proyecto, se tienen que contemplar aspectos críticos para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas.
“Siguiendo los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por las Naciones Unidas y aprovechando la experiencia de las Empresas Globales en diversas regiones del mundo, hacemos un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo para que la reforma garantice lo siguiente:”
- La independencia de la judicatura para que los jueces resuelvan los asuntos con imparcialidad y sin intromisiones indebidas.
- El establecimiento de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas.
- El respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos.
- Que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión.
- Un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de Derecho.
- Directrices claras a las entidades federativas sobre el procedimiento de reglamentación de la reforma en el fuero local, evitando así interpretaciones divergentes que puedan comprometer la impartición de justicia.
- Que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México ya que, en todos ellos, el país esta obligado a tener tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables.
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