Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido como estandarte el combate a la pobreza durante su sexenio, las medidas que ha implementado para revertir la situación como los programas sociales y el alza del salario mínimo no han contribuido del todo para lograr el objetivo.

Apenas en agosto, el Gobierno de México presumió la reducción de la pobreza entre 2020 y 2022 como un logro precisamente de los programas sociales que ha impulsado desde el inicio de la administración.

“La política de bienestar del Gobierno de México se enfoca en el combate a la pobreza y las desigualdades. El resultado de este gran esfuerzo es la reducción de 8.9 millones de personas en situación de pobreza en el país”, resaltó la Secretaría del Bienestar tras la presentación de los resultados de medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

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Sin embargo, el estudio “Ir a la raíz de la pobreza”, de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), reveló que si bien sí ha disminuido esta condición entre la población del país, distintas acciones que ha emprendido el gobierno actual han tenido poco impacto en su reducción y hasta han aumentado la desigualdad.

A esto se suma la falta de atención como un problema estructural, es decir, que ya tiene tiempo y que requiere cambios drásticos.

Programas sociales contra la pobreza

Los programas sociales promovidos por el actual gobierno como las pensiones para adultos mayores y madres solteras, así como los programas de becas Benito Juárez y el programa de empleo Jóvenes Construyendo el Futuro no llegan ni a 6 de cada 10 personas de menores ingresos en el país.

El análisis que realizó ACFP muestra que si bien los programas sociales apenas llegan a 1 de cada 3 hogares mexicanos, en los hogares de los 4 deciles de más bajo ingreso no alcanzan al 61%. Es decir, que apenas 4 de cada 10 hogares de menores ingresos reciben los apoyos del gobierno federal.

Aunado a ello, según el análisis, los hogares de mayores ingresos reciben, en promedio, un monto superior de recurso a través de programas sociales en comparación con los hogares de menos ingresos.

En entrevista para EL CEO, Paulina Gutiérrez, investigadora de ACFP, resaltó que si bien las transferencias han reducido la vulnerabilidad por ingresos de la población en pobreza, no ha combatido otras vulnerabilidades como la falta de acceso a servicios de salud, que para 2022 alcanzó a 39% de la población del país.

No hay dinero o transferencia económica que pueda hacerse cargo de todas las carencias que tiene la población en México, entonces en primer lugar tendría que haber más que transferencias a través de programas sociales, que no te sirven de nada porque si te enfermas, si no tienes acceso a servicios de salud no hay dinero que te alcance, no para poder hacerle frente a la enfermedad y salvar a tu familiar

dijo la especialista.

En ese sentido, Gutiérrez resaltó que incluso el rubro de salud suele ser el principal gasto de las familias en situación de pobreza.

Alza del salario mínimo

Desde el inicio del sexenio de AMLO, el salario mínimo general en México ha incrementado 18% anual en promedio, y pasó de los 88.37 a los 207.44 pesos.

Sin embargo, esta alza apenas ha contribuido a aumentar los ingresos de las personas en situación de pobreza, aunado a que no ha cambiado su situación en relación con el acceso a seguridad social, otra de las carencias medidas por el Coneval.

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Incluso, el número de personas con acceso a servicios de salud y educación se ha reducido, lo que aumenta las condiciones de desigualdad en el país.

Además, el alza del salario mínimo no ha tenido un impacto similar en el incremento del resto de los salarios. Entre 2018 y 2023, el salario promedio de los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creció sólo 27%.

Al respecto, Gutiérrez explicó que si bien es positiva esta alza, es importante que se llegue más allá y se alcance a garantizar con el salario mínimo la compra de al menos dos canastas básicas (canasta alimentaria más no alimentaria, con un valor en agosto de 2022 de 4,158.35 pesos, según el Coneval).

“Esta recuperación ha sido insuficiente y se tiene que avanzar más hacia allá, no sólo el salario mínimo, sino el salario digno. Para que el salario mínimo llegue a cubrir el costo de dos canastas básicas, que esto es 8,600 pesos. Para que eso pase, al salario mínimo le faltan 2,390 pesos”, acotó.

El informe destaca que este valor ya se alcanzó con el salario mínimo de la frontera, de 312.41 pesos diarios.

Jóvenes Construyendo el Futuro

En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas estelares de la actual administración que entrega 6,300 pesos mensuales a los beneficiarios, la organización observó que si bien se cumple con la entrega de apoyos económicos a los jóvenes mientras trabajan, no hay una vinculación real entre beneficiarios y su incorporación al mercado laboral formal.

Ello se observa en la caída en el registro ante el IMSS de jóvenes de entre 18 y 29 años, objetivo de esta política, pues a julio de 2023 sumaron poco más de 3 millones 96,000, una disminución de 152,000 personas menos que en 2018.

“Lo que pasa es que no se ha capacitado, no se ha vinculado realmente a esos jóvenes a través de formar capacidades blandas o mayores capacidades. Y no están focalizados, por ejemplo, en jóvenes que no estudian ni trabajan que son los más vulnerables”, advirtió Gutiérrez.

Este sector es relevante pues según el análisis de ACFP, esta población registra una fuerte exclusión del sistema laboral, lo que los lleva a tener menores ingresos y, por ende, estar en mayor propensión a la vulnerabilidad y la pobreza.

Propuestas para superar la pobreza

De acuerdo con ACFP, entre las acciones propuestas para combatir la pobreza se encuentran el establecimiento de un salario mínimo suficiente para comprar dos canastas básicas urbanas.

Otra de las medidas que propone la agrupación es la instauración de un sistema de seguridad social en el país que no esté atado a la situación laboral de las personas, sino que sea universal. Ello además contribuiría para reducir la informalidad laboral.

“Un nuevo modelo de protección social, con cobertura universal, por tanto no condicionado al régimen laboral y no financiado con ‘contribuciones’ o ‘cuotas obrero-patronales’, sino con impuestos generales”, expone el informe.

Adicionalmente a los servicios de salud, se deben contemplar cuidados como estancias infantiles y la garantía de un ingreso básico mediante un seguro de desempleo o incapacidad.

Además, la organización urgió a que se implementen acciones para combatir la exclusión laboral de dos grupos particularmente: mujeres y jóvenes.

En el primer caso, contempla que se garanticen condiciones equitativas para trabajar con servicios públicos de cuidados, tanto para atender las infancias y la necesidad de las madres trabajadoras, así como para mejorar las condiciones de cuidado de personas enfermas o con alguna condición de salud particular, las cuales también recaen sobre todo en las mujeres.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 75.1% de las personas dedicadas a labores de cuidados son mujeres, mientras que sólo 24.9% son hombres.

“La tasa de participación económica de las mujeres de 15 a 60 años que brindan cuidados fue de 56.3%. (…) Al comparar mujeres que no son cuidadoras con las que sí lo son, resultó que estas últimas trabajan de manera remunerada menos horas, pues alrededor de la mitad de las que brindan cuidados trabaja menos de 35 horas semanales”, explicó el Inegi.

En el caso de la incorporación de los jóvenes, la asociación reclama que se reformule el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con políticas de mayor vinculación laboral entre instituciones educativas y empresas, para que:

  • Se priorice a jóvenes con rezago educativo y otras barreras de empleabilidad
  • Se garantice la formación en habilidades blandas y capacitación técnica acorde a las vacantes disponibles
  • Se facilite la certificación de los aprendizajes y competencias desarrolladas
  • Se vincule a quienes egresan con el sistema nacional de empleo y bolsas de trabajo

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