El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los gasolineros que si siguen absorbiendo los estímulos al IEPS e impidiendo que los precios bajen, su gobierno consideraría establecer sus propias estaciones de servicio con el objetivo de transmitir este beneficio a la ciudadanía. ¿Es esto viable? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentaría su administración con el establecimiento y operación de sus propias gasolineras?
El caso noruego
Equinor, la empresa propiedad del Estado noruego, es uno de los mejores ejemplos de los efectos de gasolineras administradas por el gobierno. En 2010, Equinor, entonces Statoil, era dueña de 427 de las mil 200 estaciones en Noruega. Su enorme presencia en el mercado homologó los precios y mantuvo los márgenes de las estaciones cercanos a 14.5%.
Los precios de la gasolina en Noruega presentaban una tendencia al alza que había comenzado en 2002, y que alcanzó su punto más alto en 2012, año en que la división de estaciones de Statoil fue privatizada. En 2014 los precios ya habían regresado a los niveles de 2010, a pesar de la desaparición de la figura de “estaciones gubernamentales”.
No es claro qué tan grande debería ser la presencia de gasolineras federales para tener un efecto en los precios, y tampoco queda claro si los dueños de las estaciones pueden reducir aún más sus márgenes. En México, la Onexpo, que agrupa a buena parte de los propietarios de estaciones de gasolina en el país, argumenta que los estímulos al IEPS se han utilizado en gastos de última milla, y no han sido absorbidos en forma de ganancia. En el último año, los márgenes mexicanos han pasado de 4.2% a 10%, de acuerdo con información de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Pemex y gobierno, ¿relación dispareja?
Otra preocupación es la posible afectación a la competencia. Expertos coinciden en que sería difícil garantizar que Pemex tuviera un trato igualitario entre los contratos de suministro de las estaciones de propiedad federal y aquellas de propiedad privada. Existe además un precedente al respecto: en 2013, la Cofece realizó una serie de recomendaciones previas a la liberación del mercado de la gasolina, pues consideraba que las cláusulas de terminación anticipada y la vigencia mínima de los contratos eran injustos para los franquiciatarios. Asimismo, multó a Pemex Refinación y a Pemex por la imposición de métodos de traslado de combustible.
En su documento “Transición hacia mercados competidos de energía: gasolinas y diésel”, la Cofece explica que los crecientes márgenes deberían sumarse a incentivos presupuestales y la eliminación de barreras artificiales de entrada para fomentar la incursión de un mayor número de competidores, lo que presionaría a todos los actores a reducir precios. Este documento no menciona la posibilidad de establecer estaciones propiedad de gobierno.
La Comisión consideró incluso que la posición preponderante de Pemex como el más grande mayorista del país es una debilidad del mercado mexicano, pues puede obligar a la empresa del Estado a soportar fuertes pérdidas. El establecimiento de más gasolineras bajo la marca de Pemex podría aumentar esta carga.
Javier Núñez, consultor privado y profesor de Economía de la Empresa en la UNAM, considera que la eliminación de restricciones para el establecimiento de nuevas estaciones es la opción más viable para reducir los precios porque garantizaría la competencia y “no le costaría un centavo al gobierno”. El costo actual de una franquicia de Pemex oscila entre los 95 mil y 156 mil pesos.
“Yo creo que el Gobierno no debe distraer los recursos limitados que tiene en actividades que pueden ser desarrolladas por el sector privado. Lo que hay que hacer es abrir las puertas para que el sector privado se encargue y, evidentemente, vigilarlo”, explicó.
