El anuncio del plan emergente para la economía y el bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó lejos de cumplir las expectativas,

La pandemia del COVID-19 ha derivado en una crisis económica sin precedentes, cuyos efectos serán más dañinos que los de la crisis financiera de 2008-2009. Tan solo para México se espera una caída de la economía de por lo menos 4% este 2020.

En su mensaje del domingo, el presidente López Obrador indicó que en los próximos nueve meses crearán 2 millones de empleos, lo que implicaría crecer 5.8 veces más los 342,077 empleos que se registraron en el IMSS en 2019.

El mandatario indicó que los empleos derivarán de los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la modernización y ampliación del Ferrocarril del Istmo y de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, por mencionar algunos.

En este sentido, se abstuvo de anunciar aumentos al gasto, el uso de las líneas de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la contratación de nueva deuda; por el contrario, dijo que el plan de austeridad republicana seguirá “con mayor rigor”, por lo que el gobierno recortará el sueldo de algunos funcionarios y prestaciones como el aguinaldo, algo que debe ser aprobado por el Congreso de la Unión.

El mensaje de López Obrador contrasta con las propuestas de algunas organizaciones civiles, e incluso con la de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que él fundo.

El domingo, previo al mensaje de AMLO, Morena publicó el ‘Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional’, firmado por su presidente, Alfonso Ramírez Cuéllar, en el que propone una serie de medidas para reactivar la economía, que ya en 2019 estaba estancada.

Entre las medidas destacan: acelerar la devolución del IVA a las empresas para inyectarles liquidez; agilizar el pago a proveedores del gobierno; para los trabajadores no asalariados inscritos en el SAT propone una transferencia monetaria por 1,500 pesos por un periodo de entre uno a tres meses, lo cual podría extenderse a aquellos trabajadores asalariados que fueron despedidos.

También incrementar y acelerar la ejecución de mayores inversiones a partir de las asociaciones entre la inversión pública y privada.

Al mismo tiempo que se garantiza el inicio de los proyectos programados antes de la crisis, se torna urgente que se defina el nuevo acuerdo de inversiones para dar certeza del compromiso y la disposición de recursos en distintas áreas de la economía mexicana. El mes de abril debe ser el momento para concretar los nuevos acuerdos en materia de inversiones conjuntas

dice el documento de Morena.

La propuesta recuerda que Mexico tiene un financiamiento disponible de 61,000 millones de dólares con el FMI, institución que, además  puede incorporar las modificaciones necesarias a los programas vigentes para brindar respaldo a los países que experimentan nuevas necesidades urgentes a raíz del COVID-19.

Y entre otras medidas propone una reducción de 50% de las prerrogativas que se otorgan a los institutos políticos, una reducción del presupuesto del Congreso de la Unión y a los congresos locales, presupuesto que actualmente suma 27,727 millones de pesos.

Aprovecho también para decir que aun con la depreciación del peso, estimada en 23% en lo que va de nuestro gobierno por esta crisis del coronavirus y los efectos en la economía mundial, a pesar de todo estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública

dijo el domingo el presidente López Obrador.

Hasta ahora, entre algunos de los apoyos y recurso que ha anunciado el gobierno para paliar la crisis están 61,100 millones de pesos que otorgará la banca de desarrollo, el adelanto de cuatro meses el pago de la pensión para ocho millones de adultos mayores a través de bancos y la entrega personal de 42,000 millones de pesos, así como para las pensiones para niñas y niños pobres con discapacidad.

Además de 25,000 millones de pesos para otorgar un millón de créditos a pequeños negocios, así como el adelanto de cuatro meses del pago de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad. Hacienda también dará 5,000 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional que implementarán los Planes DN-III y el Plan Marina, además adelantará 10,000 millones de pesos a los estados.

Además de los 250,000 millones de pesos de la desaparición de algunos fideicomisos públicos.

Las medidas podrían quedarse cortas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía de la región se verá impactada en distintos frentes: las exportaciones, el turismo, los suministros, el precio de los productos y la inversión. Todo ello repercutirá en un aumento de hasta 10% del desempleo y la pobreza en la región podría alcanzar a 220 millones de personas.

Por su parte, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, propuso, entre otras cosas, asumir un déficit público y razonable pero que responda como mínimo a las necesidades de urgencia y sobrevivencia de quienes están en pobreza. Así como seguir con la generación de incentivos para aquellas empresas que actúen responsablemente, con esquemas diferenciados y basados en la pérdida real de ingreso y plena permanencia de la planta laboral.

El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. Una situación de economía de guerra es demasiado importante para dejarla al mercado

dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, el viernes, al presentar el informe ‘América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales’.

Mientras tanto, con el nuevo escenario para 2020, Hacienda replanteó sus consideraciones para las finanzas públicas y estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderán a 4.4% del PIB; el balance público registrará un déficit de 3.3% del PIB, mientras que el balance primario se ubicará en -0.4% del PIB.