Los proyectos de infraestructura que presentó el Gobierno federal junto con el sector privado son una buena señal para que la economía mexicana tenga un mejor arranque en 2021, ante el daño económico que ha generado la pandemia de COVID-19.
Pero si no existe una mayor certeza jurídica sobre estos y otros proyectos de inversión, especialmente del sector energético, un paquete de estímulos fiscales y un crecimiento de la inversión pública como porcentaje del PIB, el efecto podría ser poco, indicaron expertos.
Los proyectos de infraestructura que se presentaron no ayudarían tanto a aminorar la caída este año, pero permitirán que el siguiente año tengamos una recuperación más vigorosa y cercana a las estimaciones de Hacienda ,
dijo Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que la economía mexicana registre una caída de 8% para el cierre del 2020 y para el 2021 prevé un repunte de 4.6%.
Para lograr estas expectativas, la administración de Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana una primera fase de 32 proyectos de inversión que comenzarán en 2021 y que suman un total de 259,195 millones de pesos, de los cuales al menos 50% será financiado por la iniciativa privada.
Invertimos en el bienestar de los mexicanos para garantizar la fortaleza del país. Conferencia matutina. https://t.co/Kk25b2GaVK
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 5, 2020
Asimismo, hay otros siete proyectos que se están ejecutando desde diciembre del 2019 y que suman un total de 38,149 millones de pesos. En general se habla de 39 proyectos con un monto total de 297,344 millones de pesos.
Prevén que para el primer semestre de 2021, se ejercerán 108,668 millones de pesos en 18 proyectos que se enfocan principalmente en la construcción de carreteras, ferrocarriles y un proyecto en materia del medio ambiente, de acuerdo con datos de Hacienda.
Las inversiones pública y privada representan alrededor de 18% del Producto Interno Bruto (PIB) y con las inversiones anunciadas se suma un punto del PIB con lo que quedaría en 19% del PIB, expuso Luis Foncerrada, jefe de American Chambers de México.
Para llegar a una inversión de 25% del PIB como se tiene en otros países que impulsan su economía, faltan seis puntos del PIB y estos se pueden lograr si el Gobierno federal envía un mejor mensaje de certeza jurídica, expuso.
“El sector privado invertiría más en el país, si el gobierno aclara las reglas del juego sobre otros proyectos y contratos de inversión; así como los derechos de propiedad”, indicó Foncerrada.
Los cinco proyectos que se presentaron del sector energético representan recursos por 98,980 millones de pesos. No obstante, no se aclaró cuándo iniciarán y cuánto durarán estos proyectos , comentó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
La parte energética parece que queda en un segundo plano y pareciera que se está privilegiando la estrategia del gobierno de conservar los proyectos energéticos para la ejecución del estado mexicano, creo que se pudo aclarar más esta parte y sobre los acuerdos,
dijo el director del IDIC.
Entre la Rehabilitación de una planta de coquización en la refinería de Cadereyta y la Unidad de Licuefacción en Salina Cruz representan 80.7% del total de inversiones que se destinará al sector energético.
Estímulos fiscales en el olvido
Los proyectos presentados por el gobierno y la iniciativa privada representan una oportunidad para la reactivación economía del país, pero permanece un hueco en materia de estímulos fiscales para que se pueda ayudar a las empresas a sobrellevar la crisis económica, consideró el director del CIEP.
Creo que el conservadurismo fiscal de este gobierno nos va a terminar dañando, me parece que si durante abril o mayo de este año se hubieran dado apoyos fiscales, es muy probable que la caída en la economía hubiera sido menor,
comentó Villarreal.
Estos proyectos pueden avanzar sin tener beneficios fiscales, lo que habría sido interesante es que se les dieran elementos de pago oportuno a los proveedores que participarán en las obras públicas y privilegiar lo hecho en México para que se tenga un mayor impacto en la economía local, agregó De la Cruz.
