Durante 2023, México captó al menos 17,200 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) –un crecimiento de 93.2% respecto a 2022– a través del fenómeno de relocalización industrial conocido como el nearshoring, pero no todos los estados del país obtuvieron beneficios equitativos de este fenómeno; de hecho, económicamente fragmentó al país entre “ganadores” y “perdedores”.
Datos recopilados y analizados por EL CEO revelan que solo tres entidades captaron el 43.7% de la inversión extranjera relacionada con el nearshoring: la Ciudad de México (con 3,493 millones de dólares), Sonora (con 2,280 millones) y Chihuahua (con 1,739 millones).
El nearshoring es un fenómeno directamente relacionado con la disrupción de conflictos mundiales, cadenas de suministro globales y la incertidumbre en los mercados.
En México se ubicaron tres regiones “ganadoras” en 2023: el Norte, Centro y Bajío del país; particularmente el Estado de México, Aguascalientes, Coahuila y Jalisco, entidades que captaron cerca de 1,000 millones de dólares, mientras que Nuevo León, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas se ubicaron en el rango de los 500 a 1,000 millones de dólares.
EL CEO obtuvo dichos resultados tras analizar 57 ramas económicas y su desempeño en 32 entidades de la República, destacando su impacto a nivel local en ramas “relocalizadas” como la industria automotriz, de las bebidas, minería (especializada en metálicos) o productos farmacéuticos.
En contraste con las entidades antes mencionadas, el Sur y Sureste nuevamente se identificaron como los principales “perdedores” –a la lista se suma Colima–, y de hecho, su en captación de IED proveniente del nearshoring tuvo un comportamiento económico similar al instaurado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Algunos estados del centro del país, incluso han experimentado la fuga de inversiones.
Colima fue el único estado que no captó IED directa relacionada con el nearshoring (no se pudo identificar el destino de 72 millones de dólares, debido a que la IED en algunas ramas económicas es catalogada por la Secretaría de Economía como “confidencial”).
En el umbral a un monto inferior a 10 millones se sitúan estados como Quintana Roo, Baja California Sur y Chiapas. Otro grupo de estados que no superaron el millón de dólares se encuentran Nayarit, Oaxaca, Campeche y Tabasco.
Por último, Tlaxcala y Puebla registraron un saldo negativo de IED relacionada a la relocalización de empresas durante el año pasado, que se puede interpretar como salida de capitales.
Analistas regionales consultados por EL CEO sostienen que los beneficios económicos del nearshoring se han ido “reduciendo a meras promesas”. En la medida que existen vacíos políticos e institucionales que dificultan su ejecución a nivel nacional.
Todos estos factores deberán ser abordados por el próximo gobierno federal, que será responsable de implementar políticas para captar los beneficios de la relocalización de inversiones y traducir dicho fenómeno económico en políticas públicas que ayuden a trascender la marginación entre diversas regiones del país.
Los obstáculos del nearshoring
Cuando el concepto de nearshoring empezó a cobrar relevancia se presentaron diferentes planteamientos sobre la mesa, destacándose como una “oportunidad que aparece una vez cada cien años”. No obstante, varios factores han obstaculizado su plena realización y también han profundizado las brechas entre regiones.
EL CEO consultó a un especialista económico por cada región del país –Norte, Bajío, Centro, Occidente y Sur–, con el propósito de identificar los principales desafíos que han frenado el proceso de relocalización.
La mayoría concuerda que factores no necesariamente económicos serán determinantes en su éxito o fracaso, como la inseguridad, el desinterés que históricamente han mostrado los gobiernos locales hacia iniciativas de desarrollo, así como los retrasos en la implementación y desarrollo de proyectos federales –ya en marcha– junto a la inestabilidad y volatilidad que caracteriza a la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos factores conjuntos, han creado un ambiente de incertidumbre y han frenado el avance y concreción de proyectos de relocalización en el país. Aunque si analizamos de manera específica, cada región del país concentra un problema en particular
sostiene Héctor Magaña, académico del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
Puebla y Tlaxcala, los talones de Aquiles
La región centro de México, compuesta por la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo, se destaca por albergar a los principales motores económicos del país y poseer una amplia infraestructura, incluyendo suministro de energía y vías de comunicación.
Sin embargo, Héctor Magaña precisa que esta región presenta una disparidad interna notable, con gobiernos locales que no han priorizado la inversión en el mismo grado.
Para dimensionar, basta observar los planes de desarrollo económico del Estado de México y la capital del país. Entidades que difieren considerablemente de los de Puebla, un estado que ha enfrentado rezagos significativos, curiosamente en su sector automotriz que ha perdido relevancia más allá de su reconocimiento histórico.
En 2019, en la capital del país, bajo un gobierno morenista, se implementó el plan de diversificación económica con el objetivo de reindustrializar la zona de Vallejo (al norte de la capital mexicana), agregando valor a su actividad económica y proyectando un auge de las actividades industriales.
La iniciativa de nombre “Vallejo-i” contó con una inversión pública-privada inicial de 500 millones de pesos.
Para el 2023 ya con un presupuesto anual en Vallejo-i, el gobierno local anunció una colaboración con el gobierno federal para aprovechar la relocalización, destacando la implementación de una ventanilla única de inversiones y la promoción del corredor industrial como un centro de inversión.
Sobre ello, destaca que en febrero de 2023, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, se reunió con todos los encargados de las políticas económicas estatales.
El fin fue darles a conocer la instalación de una ventanilla enfocada en el nearshoring y acordar con los estados que tienen un plazo de dos años para efectuar un proyecto enfocado en atraer la relocalización de inversiones a partir de un diagnóstico de vocación productiva de la población e infraestructura local.
Desde su creación en 2019 hasta el cierre del año pasado, la zona de Vallejo ha logrado atraer inversiones por un total de 17,872 millones de pesos. Y para 2024 se formalizó la integración de todos los clústeres de la capital del país y el Estado de México, desde el automotriz hasta el farmacéutico.
En contraste, Puebla, también gobernada por Morena, centró su estrategia en la promoción de sus clústeres industriales, según información proporcionada por el gobierno local.
Sin embargo, la inversión y el éxito en la atracción de inversiones no han alcanzado los niveles observados en la capital del país, lo que evidencia una diferencia notable en las estrategias de desarrollo económico entre ambas regiones.
Rubén Alejandro Paredes Castañeda, presidente del Colegio de Economistas de Puebla, coincide en que Puebla y Tlaxcala son los “talones de Aquiles” para el nearshoring.
El especialista señala que se debe revisar el proceso de transformación económica de Puebla, el cual revela un estancamiento preocupante e incluso un retroceso en ciertos aspectos, debido a la falta de aprovechamiento de las oportunidades disponibles a lo largo de los años.
Apesar de haber sido una economía destacada durante el inicio del proceso de globalización, impulsado por la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Puebla ha experimentado un declive en su posición económica pasando del séptimo al decimotercer lugar en el desarrollo económico a nivel nacional.
Pero dicha tendencia continúa con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señala el especialista.
Resulta especialmente relevante destacar que, en términos de crecimiento, Puebla se encuentra más cerca del sureste que del norte del país. Y si la tendencia continúa y no se aprovecha el nearshoring, vamos a terminar en el lugar 16 a corto plazo
sostuvo.
La situación en Tlaxcala, así como en Puebla e Hidalgo, refleja la falta de una visión estratégica tanto por parte de los gobiernos como de los empresarios.
Según Héctor Magaña, la poca coordinación entre los diferentes actores de la sociedad ha creado un problema sistémico que obstaculiza el desarrollo económico de la región. Y aunque se presentan planes de desarrollo, la falta de inversión efectiva compromete su éxito y perpetúa el estancamiento económico en dichos estados.
Los registros de la consultora Market Analysis respaldan a los analistas y señalan que durante 2023 también se generó un marcado contraste en la región centro. El documento al que El CEO tuvo acceso, Industrial Market Analysis 2023, señala que la Ciudad de México destacó como el segundo mercado de mayor absorción bruta, con un total de 41 transacciones consolidadas.
Mientras que Puebla registró un ritmo más lento en 2023, con apenas seis transacciones, principalmente lideradas por la industria automotriz.
El Sur-Sureste, la región más comprometida
El rezago de Puebla en materia de nearshoring se “queda corto” si se compara con la región sur del país, integrada por Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, asegura Jorge Antonio Acosta Cázares, vicepresidente del Colegio de Economistas de Veracruz.
El economista identifica la insuficiente infraestructura en el sur como un obstáculo crónico.
Esto incluye desde la ampliación de vías carreteras hasta la creación de parques industriales que faciliten el almacenamiento y manejo de mercancías, esenciales para una integración eficaz en las cadenas de suministro internacionales. A ello se suman los retrasos en el proyecto del Corredor Transístmico.
Para entrar en contexto, el también conocido Corredor Interoceánico fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024 (PND) del gobierno de López Obrador.
Dicha ruta busca unir los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca a través de 371 kilómetros de vías férreas. El fin es reducir significativamente el tiempo de traslado entre ambos puntos, impulsando el comercio y la conectividad en la región, y compitiendo directamente con el Canal de Panamá.
El proyecto contempla incentivos fiscales y no fiscales para las empresas, además de la instalación de 10 polos de desarrollo para instalar empresas a lo largo de las vías férreas.
Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, el proyecto lleva casi dos años de retraso en materia de infraestructura. Se esperaba que estuviera concluido antes de que terminara la administración del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022).
Para acompañar al gobierno estatal, junto con la administración de López Obrador, desarrollaron el Pacto Oaxaca (2022), con la participación de diversas cámaras empresariales. Se pretendía que fuera el primer elemento de política pública que creara un marco de colaboración para el desarrollo de la zona sur del país.
A esto se suma la discrepancia en la asignación de recursos en comparación con proyectos de infraestructura, como la Refinería Olmeca (también conocida como “Dos Bocas”).
Por ejemplo, se tienen contemplados 1.5 billón de pesos de 2018 a 2024 para los megaproyectos de la administración de López Obrador.
El proyecto prioritario con mayor presupuesto designado fue la Refinería Olmeca, que captó cerca del 55.9% del presupuesto público, mientras que el Corredor del Istmo de Tehuantepec, representaría el 2.3 %, de acuerdo con información del gobierno federal y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Acosta Cázares destaca que otra de las principales barreras identificadas es la concentración de municipios con una mano de obra no especializada, incapaz de responder a las demandas de un sector industrial en creciente evolución.
La visión de futuro para el sur-sureste exige una estrategia estatal clara y decidida hacia la industrialización, que contemple no solo la mejora de la infraestructura física sino también el fortalecimiento de las capacidades humanas. En esta región sur los niveles de analfabetismo y nula preparación son mayores al promedio nacional
sostiene el analista.
Otro punto que se suma es la falta de política pública a largo plazo.
Sobre ello, EL CEO analizó a los 32 estados de México y examinó los informes de gobierno de los años 2022 y 2023.
Se identificó una disparidad regional en la adopción de estrategias enfocadas en el nearshoring, donde destaca que la región sur del país, en su mayoría gobernada por Morena, acumula el mayor número de estados sin planes concretos dirigidos a capitalizar la relocalización industrial, siendo Chiapas uno de los principales.
Bajío, Norte y Occidente, golpeados por la violencia
El Bajío –integrado por Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas–, el Norte –Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila–, y Occidente –Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit– son conocidos por su dinamismo económico y su atractivo para la inversión en nearshoring, pero enfrentan en conjunto un desafío mayúsculo: la inseguridad.
Este contexto de inseguridad, comparado en términos de impacto con zonas de conflicto global, resalta la urgencia. Hay más muertes ocasionadas por la violencia en México que en Gaza, que está en guerra
señala Cristina Ibarra Armenta, quien está al frente del Colegio de Economistas de Sinaloa.
La economista opina que el nearshoring ha quedado más en una “promesa que en una realidad”. Ibarra Armenta reafirma que, durante el año 2023, la Inversión Extranjera Directa (IED) experimentó un modesto crecimiento del 2% en términos de nuevas inversiones.
La mayor parte de la IED registrada es resultado de reinversiones y transacciones internas entre compañías.
Sobre ello, la presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Viramontes, subrayó la preocupación por la creciente inseguridad que afecta al Bajío, con un incremento notable de hechos violentos en estados como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí.
Hemos visto durante los últimos años que en la región Bajío hay cada vez más robos, más asaltos, tanto a camiones de carga, como a transportadoras de automóviles. Por ejemplo, en la carretera que conecta Aguascalientes con León se producen los mayores robos en la región
comentó.
Estas entidades, pese a que han adoptado estrategias de desarrollo económico a largo plazo, más allá de los períodos sexenales, han sido afectadas por el alza en las desapariciones de personas, secuestros, y enfrentamientos entre grupos criminales.
De nada sirve que estos estados hayan implementado planes de visión extendida hasta 2030 y 2050, si se ubican como escenarios en los que el crimen organizado opera con total impunidad
concluye Viramontes.
Alfonso Gómez, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, coincide que el principal reto en materia de nearshoring para Occidente es la inseguridad.
El propio estado de Jalisco con el alza de desaparecidos, en cuanto a Michoacán influye el cobro de derecho de piso, las protestas sociales del magisterio y el enfrentamiento entre grupos de autodefensa.
Colima sigue en esa sintonía al ubicarse como uno de los estados más inseguros del país, lo que genera que no se pueda aprovechar el puerto de Manzanillo.
A pesar del potencial de Manzanillo como puerto importante, Colima ha enfrentado dificultades para atraer inversiones extranjeras por la inseguridad y debido a la falta de arraigo de actividades industriales y la ausencia de una base industrial sólida
añade Gómez.
José Medina Mora, presidente de la Confederación de la República Mexicana (Coparmex), explica que 54.5% de los empresarios ubicados en el país fueron víctimas de algún tipo de delito en 2023, destacando Guanajuato en la zona del Bajío.
A su vez, Ibarra Armenta afirma que la política económica implementada por el gobierno de López Obrador es otro punto que ha generado inestabilidad e incertidumbre para las inversiones en el país.
Especialmente el enfoque en el “nacionalismo económico”, referente a la intervención en sectores estratégicos como la energía y el transporte, a través de la cancelación de proyectos de inversión extranjera y la revisión de contratos con empresas privadas con el objeto de favorecer a las empresas estatales.
Ha habido muchas tensiones con el gobierno mexicano (…) El año pasado estuvo el pleito con el tema de la industria energética y eso mermó
comenta la economista.
Como ejemplo, destaca que en septiembre del 2023, Andres Manuel Lopez Obrador dio a conocer el objetivo de que el Estado mexicano abarque el 54% del mercado energético, por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este planteamiento partía de ser la continuación de la reforma eléctrica del 2021 y desde ese año el sector privado comenzó a presentar amparos, en tanto en 2023 parte del sector privado informó que se detuvieron inversiones en lo que se resolvía el marco jurídico.
De acuerdo con Coparmex, la inestabilidad política económica generó que en el 2023 se perdieran en materia de captación de inversiones de 35,000 millones de dólares por el nearshoring.
La crisis hídrica, otro riesgo inminente para el nearshoring
El tema del agua también ha surgido como un desafío importante, añade Dafne Viramontes, ya que muchas empresas están evaluando la disponibilidad de agua antes de invertir. La especialista alerta que la gestión de los recursos hídricos es un factor crítico para atraer nuevas inversiones.
En 2023, la Secretaría de Economía frenó las autorizaciones para utilizar agua de uso industrial, esto en medio del nearshoring.
Los estados contemplados son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México.
Un año después, justo el 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó una iniciativa de reforma que busca regular el desarrollo del nearshoring en el país, particularmente en aquellas regiones con escasez de agua.
La propuesta implica modificar el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en áreas donde la disponibilidad de este recurso esté en riesgo para el consumo humano y uso doméstico.
Estas áreas dependen en gran medida del agua para la agricultura, la industria y el abastecimiento doméstico. Sin embargo, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático, como las sequías prolongadas y las lluvias irregulares, han reducido la disponibilidad y calidad del agua
se lee en la iniciativa.
Hasta el momento, la iniciativa no ha avanzado.
Por Camila Ayala Espinosa y Rodrigo A. Rosales
Lee otras investigaciones especiales:
