El freno en la inversión de proyectos para generar energía renovable provocará que aumenten los precios de la electricidad, advirtió la calificadora Moody’s en el reporte “México: El cambio de política frenará la inversión privada, retrasando el camino del país hacia una energía más limpia”.
La intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar el control del sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) limitará la capacidad del país de renovar la infraestructura y elevar el uso de tecnologías limpias, explicó la agencia.
México ha desacelerado materialmente los nuevos proyectos de generación renovable, provocando una desaceleración significativa en la inversión hasta 2025, que probablemente aumentará el costo de la electricidad a largo plazo
alertó Nymia Almeida, vicepresidenta sénior de Moody’s y coautora del informe
La víspera, las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el acuerdo para dictaminar la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana.
El dictamen entrará al Pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobado, se turnaría al Senado para su discusión y eventual aprobación.
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Riesgos por dependencia a CFE
Adrián Garza, analista sénior y vicepresidente de Moody’s y coautor del informe, explicó que la soberanía energética que pondera AMLO generará que el sector dependa de la CFE.
“La prioridad que tiene la actual administración hacia la soberanía energética se traduce en una dependencia continua de la CFE, que tiene capacidad limitada para renovar la infraestructura y hacer una transición a tecnologías más limpias”, comentó.
En ese sentido, señaló que al frenar los proyectos de energía renovable, México seguirá dependiendo de las importaciones de gas para la generación de energía.
Esto, elevará los precios de la electricidad y los costos operativos para las empresas no financieras en general.
“A su vez, afecta significativamente a aquellas con exposición comercial a los mercados internacionales, como los fabricantes de automóviles, la minería y la aviación”, detalló por su parte Almeida.
La iniciativa de reforma eléctrica pretende que CFE tenga mayor control del sector eléctrico, es decir, que genere 54% de la energía y los privados el 46% restante.
Además, busca que se elimine la figura de autoabasto que existe desde 1992, a fin de que los grandes corporativos surtan de energía a sus distintas empresas.
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Los bancos mexicanos también se verán afectados, ya que los bajos estándares para dejar de utilizar carbón y elevar el acceso a energías limpias dificulta la obtención de capital en los mercados globales.
En consecuencia, se ponen en riesgo las perspectivas de crecimiento en la colocación de crédito de los bancos.
Usar menos energía, la meta
Tonatiuh Vázquez, investigador de energía y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), precisó que tres de cada cuatro emisiones de efecto invernadero son producidas por el sector energético.
Por lo tanto, atender la emergencia climática implica descarbonizar los sistemas energéticos y hacerlos más eficientes, es decir, utilizar menos energía para realizar las mismas actividades, aseguró.
Descarbonizar y hacer más eficiente el consumo son las características de la transición energética, la cual es necesaria para mitigar el cambio climático y tener un crecimiento económico sustentable y sostenido.
Hasta ahora, el sector energético emite 70% de las emisiones, siendo lo subsectores de la producción de electricidad y el transporte quienes contribuyen con el 35%.
“Está estipulado que en el 2021 la energía proveniente de fuentes limpias debió haber sido 30%, sin embargo, llegamos a 27.5%, lo que refleja la necesidad de redoblar esfuerzos para incentivar inversiones que descarbonicen nuestro sistema energético”, concluyó Vázquez.
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