Luego de momentos de sufrimiento y una larga curva de aprendizaje, los contribuyentes han acelerado con fuerza el uso de las facturas electrónicas.
En los primeros cinco meses del año se emitieron 3,130 millones de e-facturas, esto es 18,111 comprobantes por minuto, un alza de 16.7% frente a las 15,520 facturas del mismo lapso de 2018.
El uso de la e-factura o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es obligatorio desde 2011 para dificultar la generación de comprobantes apócrifos y con esto, reducir los fraudes y la evasión fiscal. Y con la reforma fiscal de 2014, los contribuyentes que son sospechosos de simular operaciones son publicados en una lista, como lo marca el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
A pesar de la tecnología, el SAT tiene que enfrentar a delincuentes y evasores de impuestos que emiten facturas apócrifas para simular operaciones, esto es, colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos pero que amparan conceptos que no se han enajenado o no corresponden al monto facturado, lo que les permite deducir y evadir el pago de impuestos.
La semana pasada, la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, dijo que tienen a 8,204 empresas factureras detectadas, que emitieron casi 9 millones de facturas falsas en cinco años para amparar transacciones por un monto de alrededor de 1.6 billones de pesos.
Actualmente con las auditorias, el SAT no solo se queda con un CFDI, para que puedas comprobar que realmente hiciste uso de un servicio, necesitas mostrar un contrato, bitácoras, correos electrónicos, entregables, toda esa información que te pueda permitir revestir la materialidad de la transacción
dijo Ariana Martínez Molina, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México.
Por actividad económica, las operaciones simuladas que se presentan en 61% de los casos involucran tangibles, como comercio al por menor y al por mayor, construcción e industrias manufactureras. El resto tiene que ver con intangibles como servicios profesionales, científicos y técnicos, alquiler de bienes muebles e inmuebles, por mencionar algunos.
Martínez Molina comentó que la dificultad para identificar a alguien que simula operaciones radica en cómo tenga disfrazada a la empresa fantasma, sin embargo, la autoridad ya ha conseguido avances en este tema.
“Hoy con todo lo que el fisco tiene, esa dificultad que antes podía darse creo que se está reduciendo en un número muy importante. A pesar de que fue la reforma fiscal fue en 2014, el fisco no tenía todos los alcances de cierta fiscalización o todo el conocimiento que ya tiene”.
Una simulación de operaciones es un delito de defraudación por lo que la autoridad sigue un proceso de carácter penal para la privación de la libertad del culpable.
En caso de que el contribuyente no compruebe la existencia de operaciones será publicado en el listado del SAT con un estatus de definitivo y la única forma que tendrá para revertir esta situación es con un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
