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10 de abril 2019 | 5:00 am

La reforma laboral está a un paso de aprobarse en el Congreso de la Unión y, entre otros temas, busca dar una justicia expedita a los trabajadores con la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) por un tribunal laboral, sin embargo, está transición apunta a causar algunos dolores de cabeza.

Las Juntas, que están bajo el control del poder Ejecutivo, se transformarán en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es decir, en tribunales laborales que pasarán a manos del poder Judicial y aunque se espera que la transformación total se dé en los próximos cuatro o cinco años, especialistas advierten algunos riesgos durante la transición.

El primer tema fundamental será el cambio de personal, ya que quienes laboran en la JCA no formarán parte del centro de justicia laboral y las autoridades no han confirmado si perderán su empleo. Los jueces que llegarán al Centro Federal serán nuevos integrantes del Poder Judicial y no cuentan con la experiencia suficiente en materia laboral, situación que afectará el criterio para las determinaciones en los procesos.

Hay riesgos de que los involucrados en un proceso (empleados y patrones) no encuentren una correcta representación, porque un juez vigilará más la parte contractual y puede ocurrir que no se sensibilice con sus argumentos y no considere las probanzas (hechos de la investigación) como ocurre en la actualidad

comentó Diego García Saucedo, de la Academia Mexicana de Derecho Procesal.

El dictamen de la reforma laboral, que se espera sea discutido y aprobado esta semana en la Cámara de Diputados, establece que, los centros de conciliación serán organismos descentralizados, especializados, imparciales, así como con autonomía técnica, operativa y presupuestaria.

Además de impartir justicia laboral, los nuevos tribunales también se encargarán del registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo a nivel federal y local.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la función previa de la conciliación, proceso que pretende que la impartición de justicia laboral sea más rápida, de tal manera que tome menos tiempo y dinero y así, evitar que se llegue a juicio.

Bajo esta premisa, empleados o patrones no podrán llegar a un juzgado hasta demostrar que se agotaron todas las instancias conciliadoras y aunque es un paso importante es muy probable que se verá un gran número de amparos, figura que no existe en la JCA.

Para evitar que los amparos se conviertan en una barrera para la impartición de justicia laboral, los especialistas consultados consideran relevante que se cree una unidad de enlace entre las juntas y el centro de conciliación.

María Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que la dependencia vigilará la transición de las juntas de conciliación a tribunales laborales, pero hasta ahora no se conocen las medidas que implementarán a partir de que se apruebe la reforma laboral.

El cambio va en la dirección correcta, porque da prioridad a los procesos de conciliación. Tiene que ser beneficioso, aunque también enfrenta el reto del tema presupuestario, porque para la creación de una nueva autoridad, el gobierno federal y los estados deben asignar presupuestos

dijo Andrés Rodríguez, socio en derecho laboral del despacho de abogados Santamarina y Steta.

De acuerdo con estimaciones de la Academia Mexicana de Derecho Procesal, existen cerca de 400,000 procesos que deben resolverse en las juntas de conciliación, por lo que éstas coexistirán por un tiempo con el Centro de Justicia Laboral. La JCA tenía registrados 422,978 asuntos en trámite, hasta octubre de 2017, que son los datos más actualizados.

Cada año, la JCA concluye 100,000 procesos. Durante la administración anterior, fueron resueltos 500,000 juicios, que representaron 135,000 millones de pesos a favor de los trabajadores, según datos del último informe anual de actividades.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será un organismo descentralizado, y su titular será designado por el Senado de la República, pero propuesto por el presidente una vez que se apruebe la Reforma Laboral.

Con miras al T-MEC

La reforma laboral forma parte de los compromisos que México adquirió durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado T-MEC.

De su aprobación depende la venia de la Cámara de Representantes en Estados Unidos para la ratificación del acuerdo comercial.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que, sin la ley para proteger los derechos de los trabajadores, los legisladores estadounidenses no respaldarán el pacto trilateral.

Lo que se está evidenciando es que la reforma laboral obedece más a un cronómetro impuesto por Estados Unidos porque está saliendo muy express y bajo la amenaza de que no se aprobará el T-MEC si no hay reforma

dijo García Saucedo.