Alejandro Juárez
Reportero de Política
El Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) pondrá contra la pared a los agricultores mexicanos y dará ventaja a las compañías transnacionales que desarrollan semillas para cultivos transgénicos.
El acuerdo comercial, que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), obliga a México a adoptar el convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 1991, también conocido como ‘Ley Monsanto’, que permite cobrar regalías a campesinos por comercializar productos obtenidos a través de semillas modificadas genéticamente.
La adhesión al UPOV 91 -como se conoce al convenio-, beneficiará en México a empresas como Bayer, que compró a Monsanto en 2018, Dow-Agrosciences o cualquier otra con presencia en el país, advierte Alejandro Espinoza Calderón, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
El capítulo 20.7 del T-MEC sobre Derechos de propiedad intelectual señala que cada país “deberá ratificar o adherirse” al convenio UPOV 1991 en caso de no haberlo hecho todavía, para lo que establece un periodo de máximo cuatro años.
Actualmente los agricultores mexicanos pagan solo una vez por el derecho de uso de las semillas transgénicas a las empresas que cuentan con autorización de comercializarlas en el país, pero el convenio establece un mecanismo de cobro periódico de licencias de multiplicación.
Es decir, los campesinos estarán obligados a pagar las cuotas establecidas a las trasnacionales cada que cosechen un alimento derivado de sus productos modificados, inclusive si la siembra del producto se da de manera incidental, explica el ingeniero agrónomo Miguel Ponce.
Esta nueva carga financiera impulsará los ingresos de las firmas de transgénicos a costa de la economía de los pequeños y medianos productores del campo mexicano, quienes en su mayoría se encuentran en situación de pobreza.
El sector de pequeños y medianos productores genera la mitad de lo que se consume a nivel nacional, contrata a más del 60% de empleados en el campo, es alimentador de materias primas para la agroindustria y mantiene la diversidad genética y alimentaria. Ahí radica su importancia en el esquema agroalimentario, asegura un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.
MÉXICO
ANTE LO TRANSGÉNICO
La siembra de alimentos transgénicos en el campo mexicano está prohibida, sin embargo, la sombra de estos en territorio nacional ha crecido durante los últimos 30 años a través de autorizaciones otorgadas por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
Entre 1988 y 2004 se otorgaron 317 permisos a 38 empresas, y 3 institutos de investigación para 26 cultivos experimentales de organismos genéticamente modificados en 48 sitios de 17 estados de la república, según el estudio ‘30 años de transgénicos en México’, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
La superficie total de estos cultivos sumó 667,510 hectáreas, de las cuales 90% eran de algodón, detalla el documento publicado en 2018.
Desde que entró en vigor la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en 2005, durante la administración de Vicente Fox, el territorio cubierto de productos agrícolas transgénicos estalló hasta las 15.4 millones de hectáreas plantadas.
De 853 solicitudes que recibió el gobierno mexicano para sembrar transgénicos entre 2005 y 2017, 379 fueron presentadas por Monsanto y 168 por Bayer, mientras que PHI-Pioneer solicitó 133 permisos, Syngenta 56, Dow AgroSciences 44 y Forage Genetics 5. El resto de solicitudes las elaboraron institutos de investigación nacionales.
ALIMENTA
LA POBREZA
De acuerdo con el Programa sectorial de desarrollo agropecuario y pesquero 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 80% del sector agrícola mexicano está integrado por productores con menos de 20 hectáreas cosechables a su disposición.
Especialistas en la siembra de semillas en México están preocupados porque además, la precarización de las condiciones en el campo que ocasionaría la adhesión de México al convenio puede generar un abandono de los productores y de que esto, a la vez, colapse la generación de productos alimentarios básicos como el maíz, frijol, trigo y arroz.
Alejandro Espinoza Calderón, también experto en la siembra de semillas en México, advierte que el T-MEC representa el “escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente las semillas y transgénicos”.
“Los productores no están en condiciones de pagar regalías. Los sumiría más en la pobreza. El Acta UPOV 91 patenta genes, limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores -una práctica saludable para el campo-, y afecta la diversidad genética”,
dice en entrevista Espinoza Calderón.
El 8 de febrero, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó el programa Producción para el bienestar, el cual beneficiará con estímulos de entre 1,000 y 1,600 pesos mensuales, a 2.8 millones de pequeños y medianos productores del campo, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
El programa busca fortalecer la economía de los campesinos propietarios de superficies cosechables menores a 20 hectáreas, pero también pretende mejorar la producción del agro mexicano con un presupuesto de 9,000 millones de pesos para 2019, según la dependencia.
En varias ocasiones, el mandatario ha repetido la promesa de crear al menos 200,000 empleos “con buenos salarios” en el sector agro para este año y otros 200,000 para 2020, con la finalidad de que los campesinos trabajen el campo.
En caso de que la administración actual logre alcanzar dicha meta en estos dos años, el esfuerzo sería insuficiente ante los cobros de las transnacionales a los productores nacionales, según Jesús Guzmán, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).
“No cuentan con el soporte financiero para cargar con una responsabilidad de pago de regalías”,
dice el experto.
De acuerdo con el Programa sectorial de desarrollo agropecuario y pesquero 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 80% de los agrícolas en México cuentan con menos de cinco hectáreas cosechables, por lo que en su mayoría tienen grandes limitaciones de productividad.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) alrededor de 28.6 millones de personas viven en el campo en México, de las cuales 58.2% se encuentran en condiciones de pobreza: 40.8% están en condiciones de pobreza moderada y 17.4% se encuentran en situación de pobreza extrema.
91.5% de la población rural vive con al menos una carencia social, el 77.1% no tiene acceso a servicios de seguridad social, el 53.1% tiene al menos una carencia en los servicios básicos del hogar, y el 60% subsiste con un ingreso inferior a la línea de bienestar, la cual cerró mayo en 1,997.40 pesos mensuales.
“La UPOV 91 profundizará, sin duda, la crisis de pobreza en el sector rural del país y agudizará la crisis de producción alimentaria del país”,
advierte Miguel Ponce.
EN LA MIRA
DE COMPAÑÍAS COMO PEPSICO
Tras más de 10 años de disputas con Monsanto, agricultores argentinos acordaron en febrero de 2018 con empresas productoras de semillas transgénicas el pago de regalías por el uso de simientes obtenidas de sus cosechas.
Este resultado abrió el camino en el país sudamericano a la llegada de nuevas tecnologías al campo. No obstante, el acuerdo fue firmado por las principales cámaras de la agroindustria argentina, excepto por la Comisión de Semillas de Federación Agraria Argentina, que representa a los productores de menor escala.
La organización argumentó que la licencia de multiplicación elimina los derechos de los productores de utilizar libremente las semillas, legaliza el financiamiento público a la custodia de los derechos de patentes sobre genes, e impone la protección a los productores más poderosos mientras se descobijan los derechos de los más débiles.
En México, la organización civil Semillas de vida considera que el UPOV 1991 propone un modelo de negocios abusivo que beneficia solamente a las gigantes empresas agroindustriales, a costa de la la economía de la población rural y de la seguridad alimentaria de los países en donde está vigente.
“El UPOV 91 le da la posibilidad a las compañías transnacionales de aplastar a los pequeños agricultores en una lucha desigual por un derecho que han tenido históricamente: el uso libre de sus tierras”,
dice un vocero de la organización que desde 2013 mantiene un litigio colectivo en contra de la siembra de maíz transgénico en México.
En India, la compañía transnacional estadounidense PepsiCo demandó a principios de abril a cuatro agricultores locales por 143,000 dólares, por una presunta infracción de propiedad intelectual en una variedad de papas registrada por la compañía para uso exclusivo de su marca Lays.
Tras varios días de negociaciones y de que los demandados solicitaran la intervención del gobierno, la empresa ofreció abandonar el caso, siempre que los agricultores se unieran a otros miles que se encuentran listados en el programa de cultivo autorizado de la compañía.
En México, Sabritas -propiedad de PepsiCo- estableció en 2008 un convenio con la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa) para la producción de “papa de alta calidad” en el país. De acuerdo con la base de datos PLUTO de UPOV, Sabritas tiene registradas 30 semillas modificadas genéticamente en México.
Este convenio solo incluyó a los productores suscritos a la Conpapa, mientras que los pequeños cultivadores quedarán expuestos a medidas como la que la compañía emprendió en India, dice el vocero de Semillas de vida.
“Se debe considerar un cambio en la redacción del T-MEC para que la adhesión al UPOV 91 no sea obligatoria para evitar que en México pase lo mismo que en India”,
advierte Jesús Guzmán.
EL CEO consultó a PepsiCo y Conpapa sobre el convenio de producción de papa, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
Existen 6,165 especies modificadas genéticamente en el país que van desde productos tradicionales como el agave o el aguacate, hasta frutas como kiwi, fresa y zarzamora, aunque los registros de UPOV solo dan los detalles de 3,000.
Aunque un cambio de esa magnitud es prácticamente imposible toda vez que la Cámara de Senadores aprobó casi por unanimidad el T-MEC el pasado 19 de junio en periodo extraordinario de sesiones, sentencia Alejandro Luna, abogado experto en comercio internacional del despacho Steta.
“La única opción viable para modificar algún contenido del T-MEC es que Estados Unidos lo solicite y se vuelva a establecer una mesa de negociación entre los tres países, pero eso se ve complicado y la aprobación ‘exprés’ del Senado pone otra traba para que eso suceda”,
dice Luna.
Para entrar en vigor, el T-MEC requiere aún la aprobación de los congresos de Estados Unidos y Canadá. La principal traba para el acuerdo comercial es la Cámara baja estadounidense, que pide modificaciones al documento antes de ser aprobado. No obstante, los cambios que solicitan están enfocados principalmente en materia laboral, por lo que la adhesión de México al convenio UPOV 91 luce inminente.
La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía declaró el 28 de marzo que el T-MEC puede entrar en vigor en el 2020, tras el señalamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el tratado es su principal prioridad legislativa para este año.
“En México aún no existen las patentes agrícolas, pero a partir de la entrada de México al convenio UPOV 91 se vulneran los derechos históricos de los agricultores sobre su tierra por darle beneficios a un modelo de negocios impuesto por las compañías de transgénicos”,
concluye Guzmán.
Reportero: Alejandro Juárez
Diseño y programación: Cristian Laris