Ante los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017 la iniciativa privada creo el Fideicomiso Fuerza México, sin embargo, pese a que su fiduciaria es un ente público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tiene la normativa necesaria para supervisarlo.

El 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8.2 cimbró los estados de Oaxaca (Istmo), Chiapas y Veracruz; el 19 de septiembre otro de magnitud 7.1 afectó a la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y a Chiapas y, una vez más a Oaxaca (Mixteca), ambos ocasionaron la muerte de cerca de 500 personas.

Los sismos también dejaron a casi 250,000 personas sin vivienda, en total, se calculan hasta 12 millones de afectados e incluso, dos años después, aún hay cientos de damnificados.

En este contexto, la ASF destaca a Fideicomiso Fuerza México, un instrumento de coordinación entre la iniciativa privada y el gobierno federal para recaudar fondos y apoyar a los afectados. Hacienda canalizó los donativos al fideicomiso, el cual se constituyó en Nacional Financiera (Nafin), que forma parte de la banca de desarrollo.

En la segunda revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF indica que, aunque Fuerza México fue constituido por representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no es totalmente de carácter privado, ya que Nafin, una entidad de la banca de desarrollo, fue su fiduciaria, y el fin para el que se conformó es de carácter público. Además, el Fideicomiso trabajó de manera coordinada con las dependencias federales, de ahí que Hacienda canalizara ahí los recursos.

Fuerza México, ha invertido 404.5 millones de pesos y 41,492 personas se han visto beneficiadas en nueve estados, según la última información de su sitio web.

El reporte de la ASF dice que a la CNBV le correspondía supervisar y regular a Nafin y al Fideicomiso como dependencias responsables de recibir y administrar los donativos, para contribuir a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean entregados en beneficio de la población damnificada.

No obstante, la CNBV señaló que, en el ámbito de su competencia, se limita a supervisar los fideicomisos públicos del sistema financiero mexicano, es decir: el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras; de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda; Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios; Especial para Financiamientos Agropecuarios y el Fideicomiso de Fomento Minero.

Para la ASF esto tiene consecuencias sociales ya que “la falta de una normativa para supervisar y regular a los fideicomisos en los que, al menos, la fiduciaria o el fideicomitente sean entidades públicas y que sus fines atiendan necesidades sociales o asuntos de interés público impidió a la CNBV determinar la estabilidad financiera y contable del Fideicomiso Fuerza México, en el que se concentran los donativos para la reconstrucción y rehabilitación de las afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de 2017; así como constatar que éste opera de manera segura y solvente.”

Mientras tanto, a finales de noviembre de 2018, Fuerza México sustituyó a Nafin como institución fiduciaria del fideicomiso, por Banco Ve Por Más, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Adicionalmente, la ASF no encontró información respecto de la regulación y supervisión hecha por la CNBV a las entidades del sistema financiero mexicano, en particular a Nafin y a Fuerza México, “tampoco se identificó información acerca de la constitución del fideicomiso ni de la labor de Nafin como su fiduciaria, a pesar de que fue instituido con la finalidad de realizar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de 2017”.

La CNBV tampoco reportó información acerca de las gestiones de regulación y supervisión a Nafin como integrante de la banca de desarrollo en relación con los donativos recibidos por el fideicomiso.