De ser aprobada, la iniciativa eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador resultaría en “implicaciones crediticias significativas” para proyectos privados de energía, alertó Fitch Ratings.
En un análisis, la calificadora consideró que la propuesta “podría debilitar aún más el Estado de derecho en México y desalentar futuras inversiones privadas en el sector”.
Además, indicó que los inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio podrían impugnar la ley en los tribunales de arbitraje internacional, en un esfuerzo por proteger sus inversiones y recibir una compensación monetaria”.
Las observaciones de Fitch hicieron eco de lo que apuntó Moody’s previamente respecto a la reforma, cuya discusión y eventual aprobación se perfila para abril de 2022.
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“La medida desincentivaría la inversión en generación de energía renovable, lo que probablemente aumentaría el precio de la electricidad (…) no solo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia”, indicó Moody’s en su momento.
Fitch Ratings indicó que la reforma pretende darle “el control total del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, que “la propuesta cancelaría todos los acuerdos privados de compra de energía” y que la terminación de éstos “desencadenaría eventos de incumplimiento y en la mayoría de los casos aceleraría la deuda de los proyectos”.
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Además, la eléctrica podría establecer nuevos precios de energía que sean sustancialmente menores que los precios actuales.
“Actualmente, aproximadamente el 60% de la electricidad del país proviene de empresas de generación privadas, principalmente a través de instalaciones eficientes a gas y fuentes de energía renovables”, indicó el análisis.
Señaló que “la nueva propuesta, la generación privada de energía se limitaría al 46% de la carga del país y debe venderse solo a la CFE a través de contratos bilaterales”,
La calificadora puntualizó que “si se aprueba la iniciativa, la capacidad del sistema se verá presionada a partir de 2024 y será necesaria la participación privada para ejecutar los proyectos de nueva generación necesarios”.
Para convertirse en ley, la iniciativa debe recibir dos tercios de los votos a favor en el Congreso.
