Arturo Herrera, secretario de Hacienda, tuvo una reunión virtual con los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la que garantizó la entrega de las participaciones federales a los estados y municipios.

Durante la videoconferencia, el titular de Hacienda reiteró la garantía a la entrega, en tiempo y forma, de las participaciones federales, derivadas de la coordinación fiscal, a los estados y los municipios.

“Es primordial que las entidades federativas cuenten con liquidez para enfrentar la emergencia sanitaria, atender sus necesidades y proteger la economía local ante la emergencia actual y la fase de recuperación económica. Esto permitirá mantener el bienestar de la población”, dijo Hacienda en un comunicado

Los ingresos propios de los estados representaron en promedio sólo 8.7% de los ingresos totales de 2014 a 2018, mientras que las transferencias federales (participaciones, aportaciones y convenios) representaron 91.3% de los ingresos totales, de acuerdo con datos de Moody’s.

Las participaciones es dinero que envía la federación para que los estados y municipios ejerzan libremente.

De acuerdo con Hacienda, durante la reunió también se les informó acerca de las expectativas económicas del país y las medidas de apoyo implementadas para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Hace unas semanas, los gobernadores de Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, pidieron un cambio al llamado ‘Pacto Fiscal’; incluso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que dejaría el acuerdo ante la falta de apoyos fiscales del gobierno federal hacia las empresas para enfrentar la crisis.

No obstante, abandonar este mecanismo, plasmado en la Ley de Coordinación Fiscal, es prácticamente inviable y nada recomendable en este momento, aunado a que, pese a que estos estados tengan un peso importante en la economía, eso no significa que tengan una recaudación local importante, ya que gran parte de los impuestos que recaudan, son federales.

En este sentido, además de que abandonar el Pacto no puede darse por la voluntad de un gobernador, sino que debe ser aprobado por el Congreso local, dejarlo significaría para esos estados recibir menores participaciones y aportaciones.