La ‘austeridad republicana’ del presidente Andrés Manuel López Obrador cobrará forma oficialmente en 2019.

El próximo año, la percepción salarial del presidente de la República contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) será de 108,656 pesos mensuales,  47.7% nominal por debajo de los 207,591 pesos que recibió su antecesor, Enrique Peña Nieto, durante 2018.

La promesa de reducir el salario de los servidores públicos que impulsó López Obrador durante su campaña será una realidad a partir del 1 de enero del próximo año, a menos que los legisladores hagan ajustes al PPEF.

En julio, dos semanas después de resultar ganador en las urnas, López Obrador anunció que ganaría 108,000 pesos.

De acuerdo con el Artículo 127° de la Carta Magna, modificado hace casi una década, ningún funcionario público puede tener una percepción superior a la del titular del Ejecutivo, lo que quedó asentado en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada en septiembre y publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

Senadores

El PPEF asigna a los senadores un tope salarial neto anual de 1.5 millones de pesos, lo que representa una disminución de 20% respecto a su percepción anterior, de 1.97 millones de pesos.

Los rubros del recorte implican, además del sueldo, una disminución en sus prestaciones consideradas para el ejercicio del año en curso.

El gobierno entrante prometió eliminar algunas prestaciones, como el seguro de gastos médicos mayores y los seguros de separación individualizados (SSI) Los SSI son aportaciones realizadas por los trabajadores de confianza por hasta 10% de su salario, que la dependencia para la que labora iguala y solo pueden ser cobrados cuando dejan de laborar en la institución.  

Diputados

En cuanto a los diputados, su tope salarial propuesto para 2019 es de 1.14 millones de pesos, una disminución nominal de 20% respecto al 1.44 millones de pesos que obtuvieron este año.

Secretarios de Estado

Los miembros del gabinete del nuevo gobierno percibirán un salario neto de 135,488, lo que equivale a una disminución de 32% respecto a los 199,533 pesos netos contemplados en el presupuesto de 2018.  

Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración intentará traducir los ahorros en salarios y otros gastos de gobierno para el fomento a los programas sociales que ha impulsado durante su campaña.

Entre ellos, se cuentan los recursos para el programa de ‘Jóvenes construyendo el futuro’, que pretende apoyar a 2.6 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años con becas de 2,400 pesos mensuales a quienes estudien la licenciatura y 3,600 pesos a quienes quieran capacitarse para el trabajo.

Otro de sus programas emblemáticos será la universalización  de la pensión para adultos mayores. El monto de la pensión que el gobierno de López Obrador ofrecerá a los adultos mayores de 68 años en adelante, será de 1,200 pesos al meses, mientras que para este segmento de la población la podrán recibir a partir de los 65 años.

Los ministros ‘la libran’

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salieron indemnes del recorte salarial y de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La remuneración nominal anual neta propuesta para los ministros del máximo órgano de justicia para el próximo año será de 4.68, por por arriba de los 4.65 millones pesos aprobados para 2018.

El Poder Judicial quedó exento del recorte luego de que los diputados de Morena acordaron con los integrantes de la SCJN que ellos tienen la facultad para definir sus salarios.

El acuerdo se dio luego de una escalada de tensiones entre los poderes de la Unión, en la que tanto Ejecutivo como Legislativo señalaron los altos sueldos del Judicial y buscaron aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Desde el Poder Judicial se impulsaron al menos tres amparos contra esta ley, por considerar que no toma en cuenta el Artículo 94° de la Constitución Política, que señala que “la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales no podrá ser disminuida durante su encargo”.

El 7 de diciembre, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió provisionalmente la legislación, que ha desatado la inconformidad de otros organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este hecho generó impugnaciones por parte de los otros dos poderes, que consideran problemática la decisión.

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