México tiene la medalla de oro como la nación más corrupta en América Latina, situación que causa estragos a nivel nacional, pero que al combatirse, se traduciría en beneficios económicos.
Esta mala práctica genera costos cercanos a los 890,000 millones de pesos, que equivalen al 4.8% del PIB de México, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Aunque el Banco Mundial dice que puede representar hasta 9% de la economía.
La cifra podría traducirse en beneficios económicos para México si se emprenden acciones para combatir este delito que permitan la recuperación de los recursos, de acuerdo con Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ubicado el combate a la corrupción como la columna vertebral de su administración y como una de las primeras acciones para combatirla presentó una iniciativa que pretende elevar la gravedad de este delito y que permita juzgar hasta al jefe del Ejecutivo Federal de ser necesario.
En lugar de que ese dinero se vaya a corrupción, se va a inversión y los puntos negativos, que las estimaciones ubican entre 4 y 9%, serían puntos adicionales a la riqueza del país, aunque no necesariamente se reflejarían en crecimiento económico
dijo Eduardo Bohórquez, en entrevista con El CEO.
La corrupción incrementa los costos para invertir en el país, ya que para proteger los recursos ante la existencia de riesgo de corrupción, los inversionistas deben contratar algún seguro o póliza de fidelidad para mantener a salvo sus negocios y proteger sus bienes en caso de que alguna persona relacionada con el negocio cometa un ilícito.
Otra de las implicaciones negativas es que las inversiones que se realizan en el país son de corto plazo, o en el peor de los casos, puede ser operado por organizaciones de crimen organizado, comentó Bohórquez.
No obstante, el impacto de la corrupción puede ser positivo en algunos casos, revela el análisis ‘Efectos de la corrupción en el crecimiento económico – Estudio empírico de los países de Asia’, de los investigadores vietnamitas Nguyen Ngoc Thach, Mai Binh Duong y Tran Thi Kim Oanh.
La evaluación que se desarrolló en 19 países de Asia entre 2004 y 2015 arroja que este fenómeno tiene efectos negativos o positivos para el crecimiento económico.
Por una parte, los resultados del estudio muestran que la corrupción es un obstáculo para el crecimiento económico, que a la vez se ve afectado por diferentes niveles de corrupción; sin embargo, resulta beneficiosa para el crecimiento económico en los países de alta democracia como Noruega, Islandia o Suecia.
En el caso de México, los pagos por sobornos son uno de los ilícitos que trastoca las esferas públicas y privadas, por lo que la OCDE recomienda establecer una estrategia en la que la iniciativa privada y el gobierno sumen fuerzas.
En medio de esto la situación de México ha empeorado. El país descendió tres escaños en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y pasó al sitio 138 de 180 países, con lo que, además se ubica como el miembro de la OCDE con la mayor percepción de corrupción.
Al respecto, Transparencia Mexicana detalló que las políticas anticorrupción aplicadas a nivel nacional son en esencia de carácter preventivo y sus resultados son ineficaces ante la falta de sanciones, la recuperación de activos o reparación del daño a víctimas.
La estrategia presidencial
López Obrador estima que el combate a la corrupción generará ahorros por hasta 500,000 millones de pesos, aunque para especialistas la cifra es difícil de calcular debido a la naturaleza del delito.
Estimamos que será muy complicado cumplir con las ambiciosas metas de ahorros ligados a la eliminación de la corrupción y a la mayor eficiencia recaudatoria. Estas metas, están además limitadas por la ‘tregua’ en la supervisión fiscal por parte del SAT, y por la intención de bajar el IVA e ISR en las zonas fronterizas
dijo Citibanamex en un análisis el 17 de diciembre.
Uno de los instrumentos del nuevo gobierno para el combate a la corrupción es su llamada “austeridad republicana” que implica la reducción de salarios de los altos funcionarios, cifra que no puede superar los 108,656 pesos mensuales que percibe el presidente.
“Estas medidas de austeridad pudieran no ser suficientes, aunque pueden generar ahorros y atacan algunos privilegios de la burocracia no están ligados a abatir la corrupción”, dijo Bohórquez.
Comentó que, a estas acciones deben sumarse otras como la recuperación de los activos robados y sanciones para los culpables, además, destacó el cambio en la estrategia del gobierno federal para combatir la corrupción en materia de robo de hidrocarburos.
“Están explorando un nuevo enfoque. Es la primera vez que atacan a la red de corrupción y no a un personaje y aunque es un cambio de paradigma, debemos esperar a ver si da resultados”.
