El sistema de educación inicial en México ha sufrido recortes constantes en los últimos años. Hoy el Gobierno Federal se enfrenta al reto de garantizar el acceso a toda la población entre 0 y 3 años, pero con un presupuesto castigado.
Va a ser un reto importante para las finanzas públicas echar a andar un nuevo nivel educativo que cumpla con la calidad necesaria. Definitivamente es importante porque las familias trabajan y requieren de este tipo de instituciones para asistir en el cuidado de sus hijos. Sobre todo cuando se trata de un sistema que trabaja en pro de que los niños exploten sus capacidades. El gasto educativo se ha recortado y estamos pendiente de cómo va a encajar este nuevo gasto en el presupuesto de los próximos años.
Thamara Martínez, Coordinadora de Educación y Finanzas Públicas, CIEP
México firmó tratados de compromiso para trabajar en pro de los derechos de los niños desde 1980, pero los esfuerzos efectivos en este sentido han sido prácticamente nulos hasta hoy.
De hecho, en los últimos siete años, el presupuesto destinado a este nivel educativo se ha visto reducido un promedio de 4.7% real cada año.
Las instituciones encargadas de la educación inicial son el Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Dirección General de Desarrollo Curricular (dependiente de la SEP). A partir de 2014, estas instituciones cuentan sólo con dos programas presupuestales, que se traducen 4,554 millones para Conafe y 800 millones para la SEP.
Estas cifras representan sólo el 0.7% del presupuesto se destina a la educación inicial, y sólo el 1.1% de la población objetivo asisten a instituciones de este nivel (95,000 niños).
De acuerdo con la SEP, los planteles de educación inicial aumentaron de 1,152 a 2,309 el ciclo pasado, pero este aumento podría deberse también a la forma en que la Secretaría levantó sus números en un nivel que no solía ser obligatorio, pues el grueso de este aumento se dio en instituciones privadas.
Este aumento puede estar relacionado también con elementos de desigualdad en nuestro país: al haber escasez de instituciones públicas, el sector de la población que requiere el servicio puede darse el lujo de pagar por él, sobre todo en hogares donde ambos padres trabajan y requieren de asistencia para el cuidado de los niños.
La explosión de instituciones privadas representa una ventaja para la expansión en la cobertura de la educación inicial, pues al cubrir cerca del 1% de la población, la inversión pública necesaria para garantizar el servicio a 8.7 millones de niños resultará considerable.
Martínez explicó que el CIEP no espera que haya una matriculación inmediata de todos los niños entre 0 y 3 años, por lo que será posible establecer una estrategia paulatina de escolarización para atender a toda la población, sobre todo en las regiones más alejadas.
A pesar de esta paulatinidad, y de la existencia de instituciones públicas, Martínez explicó que sí se debe considerar un aumento importante en el presupuesto para construir infraestructura y garantizar las condiciones para que todos los niños puedan asistir, además de capacitar a los profesores que estarán a cargo de ellas y otros gastos operativos.
(Conlleva) todo un proceso de planeación del nivel porque, al hacerlo obligatorio, el Estado adquiere la responsabilidad de procurar una educación inicial de calidad y de estar al tanto y al mando de los programas educativos que se va a impartir. Se trata de generar los objetivos a los que se quiere llegar con el nivel e idear los programas que van a conseguir esos objetivos, con todo lo que eso conlleva.
Thamara Martínez, Coordinadora de Educación y Finanzas Públicas, CIEP
