Las elecciones presidenciales del 20 de octubre, marcaron el inicio de una crisis política e institucional en Bolivia, un país que había logrado reducir los niveles de pobreza con un crecimiento promedio de 5% anual desde 2006 a 2018.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se vio obligado a renunciar luego de presiones de los militares, lo que países como México, Uruguay y Rusia calificaron como golpe de Estado.
Esta semana, 98 economistas y especialistas en estadística publicaron una carta en el diario británico The Guardian, en donde llaman a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a “retractarse de sus declaraciones engañosas sobre las elecciones bolivianas que no solamente han alentado el conflicto político sino que también han servido para justificar el golpe de Estado”.
Las elecciones del 20 de octubre se disputaron prácticamente entre el presidente Evo Morales y el candidato del partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con 83% de los votos escrutado y con una tendencia que apuntaba a que habría una segunda vuelta entre el presidente y Mesa, de acuerdo con reportes la BBC.
Al día siguiente, el conteo se reactivó con 95% de avance y con Morales como ganador en primera vuelta por un estrecho margen. Después de una auditoría, una misión de la OEA dijo que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda.
El 25 de octubre, el TSE publicó los resultados oficiales de las elecciones. Morales obtuvo 2,889,359 votos, o 47.08%, frente a los 2,240,920 votos de Mesa, o 36.51% de los votos. La ventaja de 648,439 votos de Morales le dio un margen de diferencia de 10.5 puntos y una victoria en la primera vuelta sin la necesidad de una segunda vuelta.
El miércoles 4 de diciembre, la OEA publicó su informe final de la auditoría de las elecciones en Bolivia en donde dijo que “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.
No obstante, una investigación del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), un think tank fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot, y cuyo gabinete incluye a asesores como los Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz -por mencionar algunos- no encontró evidencia de irregularidades o fraude que afecten el resultado oficial que le dio a Evo Morales una victoria en primera vuelta
La investigación estadística del CEPR dice que, la misión de la OEA no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o “difícil de explicar”.
Los resultados del conteo rápido para el primer 83.85% del conteo de votos son consistentes con una proyección del resultado final que señala como inmediato ganador a Morales con una victoria de más de 10 puntos porcentuales.
Pedimos al Congreso de los Estados Unidos que investigue este comportamiento de la OEA y que se oponga al golpe, al continuo apoyo de la administración Trump y a la continua violencia y violaciones de los derechos humanos del gobierno de facto
dice la carta publicada en The Guardian.
Mientras tanto, a finales de noviembre, después de una visita de tres días al país sudamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó a Bolivia coordinarse con un panel internacional de expertos similar al que se formó para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México.
“Normalmente en estas situaciones las instituciones nacionales no están preparadas para resolver un grupo tan masivo de violaciones de los derechos humanos”, dijo Paulo Abrão, secretario de la CIDH en una entrevista en Cochabamba, publicó Reuters.
La crisis ha generado una ola de protestas, desde el inicio de la crisis ha habido por lo menos 33 personas muertas y más de 700 heridas como resultado de la represión de la policía y Fuerzas armadas.
Tras la salida de Evo Morales Jeanine Áñez, fue nombrada presidenta. La Constitución promulgada en 2009, indica que, en caso de la renuncia del presidente, el poder recae por orden en el vicepresidente del gobierno, el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados, pero quienes ostentaban esos cargos dimitieron con la salida de Morales, y Añez fue investida sin el cuórum necesario en el Congreso.
En tanto, los signatarios de la carta afirman que tienen amplia información estadística y contrario a lo que dice la OEA, “es fácil demostrar con los datos electorales, que están disponibles públicamente, que el cambio en el liderazgo de Morales no fue ni drástico, ni difícil de explicar, sino que fue parte de un aumento constante durante horas antes de la interrupción.
Los especialistas también han condenado que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoye el golpe militar del 10 de noviembre, ya que el presidente Evo Morales fue elegido democráticamente en 2014, y su mandato terminaba el 22 de enero de 2020.
Entre los firmantes de la carta destacan Hye Jin Rho del Center for Economic and Policy Research; Mark Weisbrot, cofundador y codirector del CEPR; Oscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; Alicia Puyana de FLACSO México y Josué Guzmán de la American Statistical Association, por mencionar algunos.
Por su parte, el expresidente de Uruguay, José Mujica dijo que la actual conducta de la OEA, encabezada por su excanciller, Luis Almagro, “es bastante lamentable” y no cree que por ese lado pueda haber una aportación para conformar un intento de nación latinoamericana, que una a la región.
Académicos del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, han dicho que la “invitación” de los militares a Evo Morales para que abandonara el poder representa un golpe de Estado y significa un retroceso político para América Latina, pero eso no exonera al presidente de Bolivia de los errores que cometió y que en parte generaron la crisis.
Las fuerzas militares no deben ejercer el poder político, para ello están los civiles y las democracias; no puede permitirse que de nuevo se conviertan en el árbitro y decidan quién debe o no ser presidente de un país
dijeron José Briceño y Fernando Neira Orjuela, del CIALC.
