De los 4,000 repartidores de Gas Licuado de Petróleo (LP) que operan en la zona Metropolitana solo 40 o 50 tienen permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para realizar esta actividad, informó Carlos Serrano, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS).
En videoconferencia, Serrano exhortó a las autoridades del sector energético a iniciar un proceso para regularizar a los repartidores, también conocidos como comisionistas, quienes realizaron paros desde el lunes y hasta el miércoles pasado, debido a que les redujeron el pago que recibían por distribuir el gas.
Explicó que las gaseras tienen permiso para distribuir el gas con sus propia infraestructura, pero también operan con comisionistas sin permisos. Es decir, con personas físicas que son propietarias del camión de cilindros o la pipera y acuerdan la distribución del producto directamente con la gasera.
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Los comisionistas recibían entre 1 y 4 pesos por kilo de gas, pero las gaseras decidieron bajarlo a menos de un peso, por lo cual los repartidores pararon actividades, ya que este dinero no alcanza para pagar sus costos operativos.
La inconformidad de los gaseleperos surgió también por el tope de precios que estableció la CRE el sábado, ya que la semana pasada, la Secretaría de Energía la exhortó a establecer en un máximo de tres días una directriz de emergencia para proteger al consumidor final, ya que el precio no había dejado de subir en el 2021.
Carlos Serrano, comentó que la fijación de precios ya generó pérdidas.
Se está perdiendo dinero porque (los comisionistas) no alcanzan a salir con estos costos y va a generar un problema a corto y largo plazo
mencionó.
Al referirse a la lista de precios máximos del gas LP que publicó la CRE, Serrano comentó que un precio determinado con una fórmula en una oficina distorsiona al mercado aunque se haya establecido con las mejores intenciones.
Indicó que las 145 zonas de distribución tienen distintas características, por lo que se requiere conocer el detalle de la operación en cada una de ellas para fijar precios.
El precio no considera costos operativos, de logística, de inversión y de seguridad que son indispensables para garantizar el abasto y seguridad
afirmó.
Advirtió que un control de precios reducirá la oferta porque los repartidores reducirán los kilómetros a la redonda en la que operan a fin de reducir los costos operativos que ya no podrán cubrir ante la baja de comisión.
Expuso que otro riesgo es el recorte de personal en el sector, que emplea a 200,000 familias y beneficia indirectamente a 500,000 personas que laboran en 1,292 plantas, 5,000 estaciones y que operan 35,000 autotanques y camiones de cilindros.
Además, afectará la inversión para actualizar y dar seguridad a la infraestructura operativa.
