La Asociación Internacional de Abogados (IBA, por su sigla en inglés) hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para no reprimir a los contribuyentes que buscan a sus abogados o contadores para aclarar alguna discrepancia con las autoridades fiscales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Autoridades mexicanas han hecho reportes de advertencias a los contribuyentes para que se abstengan de utilizar a sus abogados en procedimientos de acuerdos administrativos, e incluso, amenazas de proceder penalmente en contra de contribuyentes que omitan llegar a un acuerdo, dijo Peter Bartlett, vicepresidente de IBA en una carta dirigida al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y fechada el 27 de agosto.
Son muy perturbadores
dijo Peter Bartlett
“La amenaza de acciones penales contra abogados de contribuyentes es una violación a la independencia de los abogados y la ley. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y un sinnúmero de tratados internacionales de los que México es parte garantizan la independencia de los abogados, salvaguardan la debida representación legal, la observancia del debido proceso y el Estado de Derecho”, dice la carta.
La barra de abogados dijo que si bien están a favor de castigar a quienes violan la ley, “la existencia de algunas manzanas podridas que merecen persecución, dista mucho de una posición en la que se presume que todos los contribuyentes y los asesores legales que los representan sean delincuentes”.
Sugerir que los contribuyentes deban llegar a acuerdos administrativos con las autoridades sin la representación de sus asesores legales, no es aceptable ni puede ser ignorado, enfatizó Bartlett.
Por su parte, Hacienda no respondió de inmediato a una petición sobre comentarios de esta carta.
En 2019, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas que endurecen las sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasma en México.
Uno de los aspectos mas criticados de estas reformas es que equipara la evasión y alusión fiscal a la delincuencia organizada, pues también amerita la prisión preventiva.
Además, en el Paquete Económico del 2021 se proponen nuevas facultades para que el SAT pueda contar con mayores herramientas para mejorar su fiscalización y con ello aumentar la recaudación de ingresos, la cual se ha visto afectada por la crisis económica que enfrenta el país como efecto de la pandemia COVID-19.
