La iniciativa de reforma administrativa podría impactar gravemente a la economía de México, específicamente en las inversiones de nearshoring, coincidieron distintos especialistas.
El planteamiento actual de esta iniciativa de ley estaría limitando el potencial de crecimiento que pudiera tener nuestro país en las inversiones de nearshoring
, dijo Héctor Magaña, investigador del Tecnológico de Monterrey.
Con la reforma administrativa se pretenden modificar 23 leyes secundarias, lo que permitiría al gobierno terminar contratos de manera anticipada, reducir el pago de indemnizaciones, revocar permisos y concesiones particulares, también iniciar la construcción de obras sin tener todos los permisos requeridos.
La reforma administrativa promovería la facultad de revocar cualquier operación económica entre privados y el gobierno
, explicó Ramón Martínez Juárez, experto de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).
Incluso los inversionistas podrían ver a México como “un destino en el que las reglas cambian de manera constante”, consideró Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex.
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El presidente del Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF), José Domingo Figueroa Palacios, explicó que terminar los contratos de manera anticipada generaría incertidumbre entre los inversionistas.
Ya no estaría dando la rentabilidad necesaria y eso haría que los inversionistas no estén dispuestos a invertir en nuestro país por falta de certidumbre en el largo plazo
, dijo Figueroa Palacios en entrevista radiofónica.
“Va a ser un inhibidor para la inversión a largo plazo” agregó el presidente del IMEF.
Análisis de la reforma administrativa
Por su parte, Carlos Palencia, socio director de CEO Consultoría Estratégica y Outsourcing, señaló que se deben “analizar todos los aspectos de la reforma administrativa y en el contexto de interacción de las 23 propuestas”.
Se puede perder la oportunidad histórica de fortalecer al nearshoring en México
, dijo Palencia.
Para esto sería necesario contar con la participación de empresarios y de organismos empresariales; tales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entre otros.
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Quiroz señaló que hasta el momento “varios organismos de la sociedad civil se han pronunciado en contra de esta iniciativa, ya que los inversionistas no tendrían la seguridad para obtener retornos y generar ganancias”.
Son muchos los cambios propuestos en la reforma administrativa, por lo que será necesario hacer un estudio exhaustivo sobre las reglas y consultar a los afectados, para tener una mayor sensibilidad sobre cuál será el impacto económico en el país
, explicó la analista de Monex.
El análisis de la reforma administrativa daría certidumbre jurídica a las empresas para garantizar los recursos económicos en caso de cancelación de proyecto, es decir para cubrir los daños y los gastos generados, finalizó Martínez Juárez.
